Santo Domingo.- El Ministerio de Administración Pública (MAP) concentró este viernes a los consultores jurídicos y directores de Recursos Humanos de los ministerios y de las principales instituciones gubernamentales para analizar los alcances actuales de la Ley de Función Pública.
Ramón Ventura Camejo, ministro del MAP, organizó un taller con los funcionarios que han tenido la responsabilidad legal de aplicar la Ley Número 41-08, intercambiar sus experiencias y recoger inquietudes que podrían servir para mejorar la calidad del servicio a los ciudadanos y el desarrollo de la función pública.
La actividad se inició a las nueve de la mañana en el Hotel Barceló Santo Domingo (Lina), con la presencia de los consultores internacionales Francisco Longo, de España, y Mercedes Lacoviello, de Argentina, quienes expusieron su gran experiencia, tanto en sus respectivos países, como en América Latina y Europa.
La jornada también contó con la participación de los especialistas en el área jurídica y de Recursos Humanos de la Contraloría General de la República, de la Procuraduría General de la República, y de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.
Tanto Francisco Longo como Mercedes Lacoviello coincidieron en afirmar que vinieron al país como asesores para trabajar en la evaluación de la Ley de Función Pública aprobada en el año 2008, la cual tras 8 años de aplicación es examinada y revisada para ver hasta qué punto cumple sus objetivos y en qué medida es recomendable considerar algún tipo de propuestas para mejorar sus resultados.
Al tratar el tema de la revisión de la Ley de Función Pública, Ventura Camejo, insistió en la necesidad de lograr que los distintos sectores e instituciones opinen en torno a la aplicación de la Ley 41-08.
Formuló un llamado a los funcionarios e instituciones públicas y privadas para lograr un compromiso mediante el cual se redefinan determinadas situaciones que ayuden a fortalecer el proceso de profesionalización del servidor público.
El titular del MAP sostuvo que el taller que se ejecutó este viernes contempló, entre sus objetivos, el que los mismos funcionarios hicieran una evaluación de los 8 años de aplicación de la ley 41-08, para “analizar sus fortalezas y sus debilidades, y trabajar en esos puntos susceptibles de mejora, de manera que eso forma parte del proceso de modernización, de cambios y actualización permanente de la administración pública y sus herramientas”.
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