Los empresarios piden refoma Código Trabajo

Los empresarios piden refoma Código Trabajo

Los empresarios piden refoma Código Trabajo

Construcciones y Aceras. <<guillermo Burgos.

Santo Domingo.-El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom) suscribieron las denuncias de dos organizaciones empresariales sobre las mafias de abogados que impulsan demandas fraudulentas contra empresas a partir de la compra de casos laborales.

Sostuvieron que esas prácticas generan perjuicios al sector productivo y afectan la imagen del país en el plano internacional.

“Esas células mafiosas no sólo abarcan el sector de la construcción, pues se han registrado casos de embargos en hoteles llenos de turistas, en empresas industriales y comerciales asentadas en Santiago y otros puntos del país”, dijo el presidente de la Copardom, Joel Santos.

El Conep advirtió que no es posible tener orden y paz social, buen clima de inversión, seguridad jurídica ni competitividad si no se resuelven los problemas estructurales que impiden que la economía crezca de manera sostenible e impacte en la vida de los ciudadanos.

Por eso, ambas organizaciones de empresarios urgieron reformar el Código de Trabajo para evitar que sucedan más “embargos ilegales o demandas inescrupulosas” que dejan en ruinas a empresarios y microempresarios.

“Los preceptos normativos contenidos en el Código Laboral vigente, el cual data del año 1992, responden a una realidad distinta a la actual, y sirven de nicho para actuaciones vandálicas de abogados que se dedican a crear situaciones ficticias para demandar a empleadores o a la compra de casos a los supuestos empleados para su beneficio personal”, declaró el Conep por medio a un comunicado de prensa.

Denuncia

Ambas se refirieron a la queja de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda (Acoprovi) y de la Cámara Dominicana de la Construcción (Cadocon), las cuales denunciaron que el 80% de las empresas de la construcción deben pagar miles de pesos cada año por demandas laborales dolosas o cierran a causa de la carga económica que suponen esas demandas.



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