Yeni Berenice Reynoso
SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República ha realizado cuatro operativos en contra de la corrupción administrativa, que han conllevado varios allanamientos y arrestos a varios exfuncionarios del pasado gobierno.
Operación Medusa
La “Operación Medusa” mediante la cual fue apresado el exasesor Miguel José de Moya, quien está acusado de corrupción y otros delitos.
De Moya se desempeñó como asesor de la Procuraduría General de la República durante la gestión de Jean Alain Rodríguez
Como parte de la “Operación Medusa” puesta en marcha ayer, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con apoyo de la Dirección General de Persecución, arrestó, además, a Rafael Antonio Mercede Marte, quien se desempeñó como encargado del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General.
La operación incluyó el arresto de Altagracia Guillén Calzado, quien se desempeñó como subdirectora administrativa de la Procuraduría General, y Javier Alejandro Forteza Ibarra, quien ocupó la posición de director de Tecnología de la Información de la institución.
Operación Coral
Fue ejecutado este sábado. El Ministerio Público arrestó al mayor general Adams B. Cáceres Silvestre, a la pastora Rossy Guzmán Sánchez y a otros tres vinculados a una red de corrupción desmantelada tras una amplia investigación denominada “Operación Coral”.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, que encabezan los procuradores adjuntos Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso, arrestaron además a Rafael Núñez de Aza, Raúl Alejandro Girón Jiménez y Tanner Antonio Flete Guzmán.
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Los arrestos y los allanamientos se enmarcan dentro de las acciones contra la corrupción administrativa que desarrolla la Procuraduría General de la República bajo la gestión de la magistrada Miriam Germán Brito.
Los fiscales encabezados por Camacho y Reynoso realizaron 27 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Monte Plata y Samaná, donde desarrollaban sus acciones fraudulentas los prevenidos.
Operación Caracol
Así fue denomina la pesquisa realizada en la Cámara de Cuentas, se llevó a cabo a inicios de febrero. El Ministerio Público allanó toda la sede de la Cámara de Cuentas, a cuyos directivos en ese entonces investigaba, junto a varios funcionarios, por varios delitos de corrupción administrativa, incluyendo obstrucción de la justicia y lavado de activos.
Como parte de la denominada Operación Caracol puesta en marcha hace varios meses por la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, las autoridades investigan a Hugo Francisco Álvarez Pérez, por los delitos de obstrucción de la justicia, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores, complicidad en los tipos penales de desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos provenientes de actos de corrupción.
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El operativo del Ministerio Público se encaminaba dentro de las acciones que desarrolla la gestión de la procuradora general Miriam Germán Brito en la lucha contra la corrupción administrativa.
Además de su presidente en ese entonces, Álvarez Pérez, la investigación por corrupción incluyó a Pedro Antonio Ortiz Hernández, Carlos Noés Tejada Díaz, Margarita Melenciano Corporán y Félix Álvarez Rivera, quienes completaban el pleno de la Cámara de Cuentas y, por lo tanto, gozaban de privilegio de jurisdicción.
Operación Antipulpo
El primer operativo fue denominado por la Procuraduría Operación antipulpo, llevado a cabo a mediados de diciembre del año pasado.
La operación Antipulpo involucra a altos funcionarios del gobierno pasado y en su momento, la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) indicó que era el inicio de una serie de otros similares cuyos avances serían dados a conocer oportunamente.
