El denominado caso Calamar ya está en manos de la justicia y ya ha empezado a actuar con decisiones controvertidas.

Muchos cuestionan la forma de actuar del Ministerio Público o la justeza de las resoluciones adoptadas por la jueza.
La misma justicia establece los mecanismos para actuar de quienes cuestionan las decisiones adoptadas por la jueza en el caso de la medida de coerción impuesta.

EL DÍA ha proclamado siempre su convicción de que la libertad es el estado ideal para cualquier sospechoso o imputado ejercer su constitucional derecho a la defensa, y aunque el Código Procesal Penal contiene la prisión preventiva como medida de coerción, también especifica en cuáles circunstancias un juez debe imponerla.

Las partes que se sientan afectadas por la decisión de la jueza que conoció la solicitud de medida de coerción para los involucrados en el caso Calamar tienen el derecho de atacarla usando los mecanismos establecidos por la misma ley.

El sistema judicial es puesto a prueba en cada caso y en cada instancia. Las partes deben usar esos mecanismos y los actores actuar sin desviarse y apegados al mandato que se les ha legado.

El caso Calamar luce que será intenso, prolongado y de alto perfil, tanto por los montos de dinero involucrados como por la parte política que subyace.

Que los políticos jueguen a la política, pero los jueces tienen el sagrado deber de actuar como jueces.
De seguro que la decisión tomada por la jueza del Tribunal de Atención Permanente será discutida en otra instancia, la cual deberá mirar con ojos de justicia y sin presiones de ningún tipo para actuar conforme al derecho y la justicia.
El único camino aceptable es el institucional y el único resultado esperado es el de la justicia.

La credibilidad del sistema judicial está en manos de los jueces, aunque sobre el Ministerio Público recae una gran responsabilidad.