La violencia de género no termina cuando la víctima se aleja del agresor
- El trauma puede persistir durante años y convertir la recuperación en un proceso que requiere atención psicológica, protección, justicia, apoyo social y condiciones para reconstruir la autonomía
Santo Domingo. – Alejarse de una relación marcada por la violencia no siempre significa dejar atrás sus consecuencias. El miedo, la ansiedad y las secuelas emocionales pueden permanecer incluso después de que la víctima logra apartarse de su agresor y afectar su vida cotidiana, sus relaciones y la manera en que enfrenta el futuro.
Dioscoride Paulino, psicólogo clínico, advierte que la violencia de género puede dejar consecuencias frecuentes como depresión, ansiedad, ataques de pánico, estrés postraumático, insomnio y síntomas físicos sin una causa médica clara. Cuando la violencia se prolonga, explica, puede aparecer un estrés postraumático complejo que afecta la autoimagen y la capacidad de confiar.
Alejarse físicamente del agresor no significa que el organismo deje de responder a la amenaza. Paulino señala que la hipervigilancia, la dificultad para relajarse, el aislamiento, la depresión sostenida y algunas somatizaciones pueden persistir. También explica que la autoestima puede erosionarse por la devaluación repetida y que el estrés crónico concentra los recursos mentales en detectar amenazas inmediatas, dificultando la planificación del futuro.
Son muchas las personas que se preguntan “¿por qué una mujer no abandona una relación violenta?” O “¿por qué regresa con su agresor?”, Paulino propone cambiar en enfoque: preguntar “¿qué la mantiene atrapada?”. Menciona respuestas automáticas ante el peligro, indefensión aprendida, control coercitivo, dependencia económica, hijos, presión familiar, miedo y vínculos traumáticos. La salida, por tanto, no puede reducirse a una decisión individual desconectada del entorno.
Para el psicólogo, la atención temprana ayuda a reducir el riesgo. El acompañamiento debe comenzar por la seguridad, continuar con el procesamiento de lo vivido y avanzar hacia la reconexión con la propia identidad, los vínculos y un proyecto de vida. La terapia, agrega, funciona mejor cuando forma parte de un esfuerzo más amplio que incluya apoyo legal, familiar y cambios reales en las condiciones que rodean a la víctima.
El Ministerio de la Mujer señaló, en la información suministrada para este reportaje, que el acompañamiento ambulatorio legal y psicológico no tiene un plazo fijo y se mantiene durante el proceso judicial. Su protocolo posterior a la crisis contempla además evaluar las redes familiares antes del egreso de una casa de acogida, realizar seguimiento telefónico y domiciliario y, cuando sea necesario, gestionar una reubicación. Son medidas dirigidas a que la protección y el tratamiento emocional no terminen al salir del refugio.
– La soledad institucional también pesa
Virtudes de la Rosa Hidalgo, del Instituto de Género y Familia de la UASD y maestra de la Escuela de Sociología, considera un error ver la denuncia como el punto final. Desde su perspectiva, la violencia de género es un fenómeno estructural atravesado por relaciones de poder, dependencia económica y mandatos culturales. Denunciar implica desafiar un entorno sociofamiliar y romper un circulo de dominación, pero también puede exponer a la mujer al desarraigo, el cuestionamiento familiar, el miedo a represalias y una ruta burocrática que puede revictimizarla.
“Denunciar es solo abrir la puerta; el verdadero desafío social es caminar junto a ellas para que no tengan que retroceder”, expreso Virtudes de la Rosa Hidalgo.
De la Rosa plantea que la respuesta necesita una red de sostén integral que combine prevención, persecución, atención, sanción y reparación, además de refugio seguro, apoyo psicólogo comunitario y herramientas de autonomía económica. Su planteamiento conecta con una de las principales brechas que aparecen a lo largo de esta investigación: las instituciones existen y ofrecen servicios, pero la víctima no debería ser quien tenga que aprender a conectar por sí sola cada puerta del estado.
– La ruta que debería funcionar alrededor de la víctima
Las fuentes institucionales y especializadas consultadas permiten ordenar la ruta en 5 momentos que, en la práctica, pueden ocurrir de manera simultánea: detección o solicitud de ayuda; valoración de riesgo y protección; atención sanitaria y psicológica; investigación y proceso judicial; y seguimiento para la recuperación y la reconstrucción de la vida. La puerta de entrada puede variar, pero la respuesta debería evitar que cada institución funcione como una isla.
– La brecha: tener servicios no garantiza una ruta efectiva
Los datos muestran miles de atenciones, llamadas, asesorías, terapias y actuaciones legales. También existen protocolos, servicios de emergencia, casas de acogida y mecanismos judiciales. Sin embargo, las entrevistas coinciden en que la calidad de la respuesta depende de algo más difícil de medir: que la mujer sea detectada a tiempo, que el riesgo se valore correctamente, que no repita innecesariamente su historia, que reciba protección real, que la atención de salud continúe y que las instituciones se comuniquen entre sí.
Fondeur resume el desafío desde el sistema sanitario: no basta con que exista una ruta escrita; el personal debe conocerla y poder activarla. El SNS, por su parte, reconoció en 2026 la necesidad de actualizar protocolos, capacitar continuamente al personal y fortalecer la referencia y contrarreferencia; Pola advierte sobre la burocracia y la falta de seguimiento; Paulino recuerda que la recuperación psicológica no termina al desaparecer el peligro inmediato; y De la Rosa reclama una red que acompañe también la reconstrucción social y económica.
Por su parte, el Ministerio de Salud Pública identificó seis componentes prioritarios a fortalecer para el período 2026-2030: los marcos normativos y políticas públicas para el abordaje de la violencia de género; la prevención, especialmente en poblaciones vulnerables; la oferta de atención integral en salud; la calidad de la información para la toma de decisiones; la capacitación del personal sanitario; y la coordinación entre instituciones y redes. La respuesta oficial presenta estas áreas como prioridades de mejora, no como resultados ya alcanzados.
Esa convergencia devuelve el problema a su punto central: la violencia basada en género es también un problema de salud pública porque produce daños que pueden acompañar a la víctima mucho después del episodio de agresión y porque su prevención, detección y atención requieren capacidades del sistema sanitario. Pero la salud, por sí sola, tampoco basta. La respuesta efectiva depende de una articulación que una protección, justicia, atención médica, salud mental y apoyo social.
La denuncia puede detener el silencio, activar una investigación y abrir una posibilidad de protección. No garantiza, por sí sola, que el miedo desaparezca, que las lesiones sanen, que el trauma ceda o que la mujer recupere la autonomía que la violencia fue reduciendo. Por eso, el éxito de una política pública no debería medirse únicamente por cuántos casos entran al sistema, sino también por cuántas víctimas logran atravesarlo con seguridad, atención continua y condiciones reales para reconstruir su vida.
