La larga ruta que enfrenta una mujer víctima de violencia de género en RD

Santo Domingo. – Todos, en algún momento de la vida, han sido testigos de alguna manifestación de violencia de género: en la familia, entre vecinos, en una relación conocida o incluso en una escena que ocurre frente a nosotros. Pero detrás de cada uno de esos episodios visible se encuentra una historia que puede prolongarse durante meses o años y que implica consecuencias que no desaparecen cuando la víctima decide decir en voz alta: “Ya basta”.

Un caso que permite observar la magnitud de esta problemática es el de Yenifer Crismar Marín Díaz. El pasado mes de mayo del año en curso se hizo público, a través de las redes sociales, un video en el cual la víctima expresó que ella, su madre de 71 años y su hija menor de edad permanecían escondidas debido a las amenazas que, según denunció recibía de su expareja, Luis Enrique Evertsz Marín.

La víctima explicó que llevaba tres meses viviendo bajo temor constante y modificando su rutina. También situó el comienzo de los episodios de violencia en 2021, año en el que había presentado la primera denuncia tras un incidente ocurrido mientras tenía en brazos a su bebe de tres meses.

La difusión púbica del caso antecedió a la captura del señalado y, más tarde, a la imposición de 3 meses de prisión preventiva. Luego de conocer la sentencia, Marín Díaz comunicó que ella y su familia se sentían más seguras. Su historia abre una pregunta que va más allá que un caso particular: ¿Qué ocurre con una mujer desde el momento que denuncia y qué tan preparada está la respuesta pública para proteger su vida, atender su salud y acompañarla hasta que pueda reconstruirla?

– Un problema que también llega a los hospitales

Cuando se mira la violencia basada en género únicamente desde la justicia, deja fuera una parte esencial del problema. Las agresiones pueden llegar a producir lesiones visibles, pero no solo se quedan en estas lesiones, sino que también pueden tener consecuencias sexuales, reproductivas y psicológicas que requieren atención médica. Por eso, la ruta de una víctima puede comenzar en una fiscalía, pero también en una emergencia, una consulta ginecológica, una consulta de salud mental o cualquier otro servicio de salud.

En respuesta a una solicitud de información, el Ministerio de Salud Pública precisó que los servicios sanitarios públicos y privados deben aplicar la Norma Nacional para la Atención Integral en Salud para Personas en Situación de Violencia de Género e Intrafamiliar, de 2022, y las Directrices de Atención Integral en Salud a Mujeres en Situación de Violencia de Género, de 2025. Estas últimas establecen procedimientos específicos para abordar la violencia física, psicológica y sexual. Esto sitúa la identificación y la atención de las víctimas dentro de las obligaciones del sistema sanitario, incluso cuando la mujer acude inicialmente por un problema de salud.

La ginecóloga y terapeuta sexual Lilliam Fondeur explica que los efectos pueden aparecer de inmediato o permanecer durante años. En el caso físico se pueden ver comprometidos distintos sistemas del organismo, mientras que en la salud sexual y reproductiva pueden verse afectadas la sexualidad, la capacidad de decidir sobre la reproducción y el curso de un embarazo. A ello se suma el deterioro de la salud mental y de la calidad de vida. Durante el embarazo, advierte, la violencia puede incrementar el riesgo de complicaciones obstétricas.

Según Fondeur, “La violencia no siempre deja una huella visible en el cuerpo; a veces va borrando, poco a poco, la capacidad de una mujer para decidir sobre su propia vida”

Asimismo, Fondeur señala que hematomas, heridas, quemaduras o fracturas pueden levantar una alerta, pero también síntomas menos evidentes: lesiones genitales, sangrados inexplicados, infecciones de transmisión sexual recurrentes, dolor durante las relaciones sexuales, dolor pélvico, alteraciones menstruales, trastornos del sueño, problemas gastrointestinales, caída del cabello o cambios importantes de peso. Ninguna de estas manifestaciones confirma por si sola una situación de violencia; su valor está en que pueden llevar al personal médico a preguntar qué ocurre en la vida de la paciente.

La conducta y la dinámica con la persona acompañante también pueden ofrecer señales. Temor, retraimiento, dificultad para expresarse o una vigilancia excesiva pueden coexistir con un acompañante que responde por la mujer, controla la conversación o insiste en permanecer durante el examen. Ante una sospecha, Fondeur plantea que la paciente debe tener la posibilidad de hablar a solas, en un espacio seguro, confidencial y sin juicio.

El Ministerio de Salud Pública detalló que, según las necesidades de cada paciente y la capacidad del establecimiento, la atención integral comprende evaluación médica y de riesgo, tratamiento de lesiones, apoyo psicológico, servicios de salud sexual y reproductiva, profilaxis y tratamiento cuando corresponda, orientación, seguimiento y derivación a otros servicios. La intervención sanitaria, por tanto, no se limita a curar una lesión: también debe atender las posibles consecuencias emocionales, sexuales y reproductivas.

En 2026, el SNS coloca al sector salud dentro de la respuesta

La dimensión sanitaria también aparece en la respuesta institucional más reciente. En una publicación oficial del 25 de abril de 2026, el Servicio Nacional de Salud (SNS) informó que trabaja en fortalecer la capacidad de respuestas de la red pública para garantizar atención integral, oportuna y humanizada a mujeres en situaciones de violencia. La información fue difundida durante los trabajos de validación del Plan Estratégico Nacional para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres.

El SNS presentó propuestas para robustecer la atención integral en salud y situó al sector sanitario como un eje clave de la respuesta interinstitucional. Entre las medidas planteadas figuran la capacitación continua del personal en atención a casos de violencia, derechos humanos y enfoque de género; la actualización de protocolos de detección, registro y atención; el fortalecimiento de la referencia y contra referencia entre instituciones; y el desarrollo de sistemas de monitoreo y gestión de información.

La respuesta oficial del Ministerio de Salud Pública agrega un paso decisivo en esa articulación: cuando el personal sanitario identifica una situación de violencia, debe cumplir el proceso de notificación al Ministerio Público previsto en las directrices de 2025. La institución informó, además, que desarrolla capacitaciones continuas en detección, evaluación del riesgo, primeros auxilios psicológicos, derechos humanos y aplicación de los protocolos nacionales.

– Las cifras muestran una demanda sostenida de atención

Los registros del Ministerio de la Mujer permiten dimensionar parte de la demanda institucional durante 2026. Entre de enero a marzo se contabilizaron 8,611 atenciones legales, psicológicas y de otros tipos: 5,489 correspondieron a atenciones legales y 3,122 a atenciones psicológicas. Solo en marzo se registraron 2,894 atenciones, de las cuales 1,640 fueron legales y 1,254 psicológicas.

En el segundo trimestre, los registros internos del Ministerio de la Mujer muestran 4,392 atenciones psicológicas. Casi la mitad, 2,147 (48.9%), fueron seguimientos psicológicos telefónicos; 766 correspondieron a ingresos nuevos, 653 atenciones presenciales posteriores y 638 a terapias. Las cifras evidencian que la atención no se agota en un primer contacto: una parte importante de la demanda requiere continuidad.

La Línea de Emergencia *212 registro 1,558 llamadas entre abril y junio. El Distrito Nacional concentró 627, equivalente al 40.2% del total trimestral; Santo Domingo acumuló 274 (17.6%) y Santiago 148 (9.5%). La concentración territorial no permite, por sí sola, medir la prevalencia de la violencia en cada provincia, porque se trata de llamadas recibidas por el servicio, pero si muestra dónde se concentró una parte importante de la demanda registrada durante ese período.

Después de pedir ayuda: asistencia legal, protección y casas de acogida

La página oficial del Ministerio de la Mujer describe la asistencia legal como un servicio de acompañamiento a víctimas de violencia contra la mujer e intrafamiliar durante los distintos procesos legales, con el propósito de proteger sus derechos. No exige requisitos y puede solicitarse de manera presencial, telefónica, por correo o a través de la página web. La institución también dispone de asistencia psicológica para orientación, seguimiento y referimiento a otros centros cuando sea necesario.

Para situaciones de emergencia, la Línea *212 opera las 24 horas y sin costo. El Ministerio de la Mujer señala que los rescates en el gran Santo Domingo se coordinan con el 911 y la Policía Nacional, mientras en provincias y municipios intervienen las Oficinas Provinciales y Municipales de la Mujer junto a los destacamentos policiales. Esta vía funciona como un punto de entrada al sistema de protección, no como sustituto del proceso judicial.

A estos canales se suma la red Punto VIDA, creada para ofrecer espacios seguros donde una persona en situación de violencia pueda recibir atención inmediata, resguardo transitorio y conexión con los servicios especializados. De acuerdo con el Ministerio de Interior y Policía, estos puntos cuentan con personal capacitado para identificar situaciones de riesgo y brindar asistencia sin revictimizar a la persona afectada.

Las estadísticas del segundo trimestre muestran además 11,830 atenciones legales. De ellas 8,727 (73.8%) fueron atenciones telefónicas y asesorías legales; 1,233 correspondieron a audiencias; 718 a depósitos y retiros; 538 a visitas; 467 a reuniones con fiscales y 147 a otras visitas judiciales. En el mismo período se gestionaron 685 casos nuevos y se cerraron 334.

Las casas de acogidas representan otro componente de la protección. Entre abril y junio ingresaron 299 mujeres adultas y egresaron 274. Cuando se incluyeron niños, niñas y adolescentes protegidos junto a ellas, el total de protecciones alcanzó 579: de las cuales 299 eran mujeres adultas, 256 menores de 13 y 24 adolescentes de 13 a 17 años. Estas cifras muestran que la violencia no afecta únicamente a la mujer que denuncia; con frecuencia la ruta de protección debe considerar también a sus hijos e hijas.

En una respuesta oficial fechada en septiembre de 2026, el Ministerio de la Mujer informó que mantenía 13 casas de acogida activas al momento de la consulta, el día 10. Explicó que la permanencia inicial de emergencia suele ser de 30 a 90 días, pero puede modificarse o extenderse conforme a la evaluación técnica del riesgo. Durante el resguardo se cubren necesidades básicas y se ofrece atención psicológica y acompañamiento legal, por lo que estos espacios también forman parte de la continuidad de la atención después de una situación de peligro.

– La denuncia abre una ruta, no la cierra

Susi Pola, abogada retirada, investigadora de la violencia basada en género contra las mujeres y cofundadora del Núcleo de Apoyo a la Mujer, explica que una denuncia puede llegar a un destacamento policial, una Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, el 911 o los canales del Ministerio de la Mujer. Cuando no se presenta directamente ante la unidad especializada de la Fiscalía, debe ser encaminada hacia allí para el inicio formal del proceso.

A partir de ese momento, sostiene, corresponde evaluar el nivel de riesgo y adoptar medidas de protección. En situaciones de alto riesgo puede recomendarse el ingreso de la mujer y de los menores a su cargo a una casa de acogida. Desde la recepción de la denuncia, se abre un proceso jurídico legal que incluye las entrevistas a testigos y las solicitudes de órdenes de protección, mientras el Ministerio Público mantiene la investigación hasta la etapa judicial y, como corresponda, una sanción.

La protección también puede incluir el retiro de armas de fuego del entorno de la víctima. El Ministerio de Interior y Policía explicó que la Ley 631-16 le permite denegar, suspender o revocar licencias cuando se identifican factores de riesgo. Se trata de una medida administrativa que puede aplicarse sin esperar la conclusión del proceso penal.

“La ley debe ser rápida para que sea efectiva; en un proceso alargado, la víctima se mantiene en riesgo”, expreso Susi Pola.

Pola identifica como obstáculo la sobrecarga del sistema penal, la burocracia, la insuficiencia de personal especializado y la falta de una articulación constante entre las instituciones. Advierte que la repetición de relatos y trámites puede convertirse en revictimización y que las medidas de protección pierden efectividad cuando no existe seguimiento suficiente.

La especialista propone algunos cambios, entre los cuales están: una mayor especialización continua, mecanismos de respuesta inmediata y sistemas compartidos de información que reduzcan retrasos entre Policía, Ministerio Público y Poder Judicial.

El planteamiento de Pola coincide con una iniciativa que se encuentra en desarrollo. En una respuesta oficial ofrecida por el Ministerio de Interior y Policía informó que la Mesa de Seguridad, Delito y Protección trabaja en la creación de un instrumento único de recolección de información sobre los casos de violencia. El objetivo es que las instituciones registren y compartan los mismos datos, den seguimiento a cada caso durante toda la ruta de atención y eviten que la información se pierda cuando la víctima pasa de una entidad a otra.

– Cuando el caso entra al tribunal

En los procesos judiciales que involucran a personas en condición de vulnerabilidad, el Poder Judicial dispone de Centros de Entrevistas Forenses para víctimas y testigos. El servicio busca obtener declaraciones informativas o testimoniales mediante una entrevista grabada que puede utilizarse como medio de prueba en distintas fases del proceso.

La ruta publicada por el Observatorio de Justicia y Género establece que debe existir una denuncia o querella. El Ministerio Público solicita al juez o jueza coordinadora la realización de la entrevista y una vista de anticipo de prueba; si la solicitud es admitida, se fija la fecha y hora, se convoca a las partes y, después de la entrevista, se levanta el acta correspondiente. El registro audiovisual queda bajo custodia y se entrega otro original al Ministerio Público. Se trata de un mecanismo aplicable a procesos que ya están activos en un tribunal.