Nicaragua, el país más grande de América Central fue un gran referente de luchas sociales entre los años 70 y 80.
El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), formado como un grupo político-militar desde 1961, combatió decididamente la dictadura de Anastasio Zomosa y la dinastía familiar Zomosa que, por demás, habían gobernado el país durante varias décadas, logrando su derrocamiento en julio de 1979.
Entre los años de 1979 y 1983 el FSLN llegó al poder mediante una “Junta de Gobierno de Reconstrucción”, teniendo desde marzo de 1981 a Daniel Ortega como su coordinador.
De inmediato se estableció una política de alfabetización masiva, hubo un enfoque hacia la mejora de los servicios públicos orientados en los sistemas socialista, marxista y leninista de la Cuba de Fidel Castro. Salud, educación, seguridad e igualdad de género se volvieron prioridad.
Ya para 1983 se iniciaba la transición de un movimiento asociado a las grandes luchas sociales y de libertades del pueblo nicaragüense, a la conversión de un partido político.
En el proceso de 1984, su candidato a la Presidencia de la República, Daniel Ortega, ganaba por vez primera, y con una abrumadora votación del 63 por ciento.
Para ese primer periodo gubernamental (1985-1990), y llevando a cabo su política de total intervención del Estado, procurando la limitación del comercio privado —adoptando y replicando políticas socialistas europeas de la época— el gobierno de Ortega se enfrentaba a una fuerte contracción y decrecimiento económico, al aumento en los índices de pobreza y, consecuentemente, este pobre desempeño lo había expuesto a múltiples dificultades internas; la denominada “Contras”, contrarrevolucionarios o también autodenominados “Resistencia Nicaragüense” (un movimiento de insurgentes) con apoyo de Estados Unidos, logró el cometido de despojar del poder al Frente Sandinista de Liberación Nacional en las elecciones generales de ese año.
De esa manera se iniciaba un período de 17 años de estabilidad democrática y política en el país con los mandatos presidenciales de Violeta Chamorro (1990-1997), Arnoldo Alemán (1997-2002) y Enrique Bolaños (2002-2007).
El retorno de Ortega
Luego de su quinta postulación consecutiva por el Frente Sandinista de Liberación Nacional y habiendo moderado su discurso hacia una línea más pacifista, más cercana a valores cristianos, acogiéndose a promesas de respetar la propiedad privada y los derechos civiles, Daniel Ortega regresó al poder, al ganar las elecciones del 5 de noviembre de 2006 con una escasa votación que no excedía el 38 por ciento de los votos computados.
Su retorno al poder vino acompañado de un grupo de reformas que han contribuido con el estado de desequilibrio que hoy sufre la sociedad nicaragüense.
Para el 2007 la Constitución del país prohibía la reelección consecutiva y también optar por el cargo luego de permanecer dos mandatos en periodos distintos; logró al poco tiempo de su llegada que la Corte Suprema del país declarara “inaplicable” ese artículo referente a la reelección, esto permitió que se presentara en las elecciones de 2011; al reelegirse en 2012, logró otra modificación constitucional para que la reelección fuese indefinida en el país. Pudo así optar por un tercer periodo.
En sus años de ejercicio, ha logrado pasar reformas con el único objetivo de controlar de manera absoluta el Consejo Supremo Electoral, anular la observación electoral y prohibir el financiamiento para los candidatos, además de la recién aprobada Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, con la que pudo inhibir como candidatos a los opositores que participaron en las protestas populares de 2018.
Luego de este recuento histórico, y casi 15 años después de haber retornado al poder, Nicaragua se encuentra en una de sus situaciones económicas, políticas y sociales más difíciles de las últimas décadas, con un aumento significativo de la pobreza, sobrepasando el 37 por ciento (según últimos registros a 2020), esto se produce como una consecuencia directa de la reducción en el ingreso por el aumento en la tasa del desempleo abierto, así como un aumento en la tasa de subempleo en el país.
Para plantearlo en términos más simples, las personas pasan a estar desempleados o pasan a estar en un empleo con menor remuneración, perdiendo significativamente su poder adquisitivo.
Otros males que afectan el desarrollo de Nicaragua convirtiéndola en el país más pobre de Centroamérica es el control del aparato productivo por parte del gobierno, las crecientes denuncias sobre actos de corrupción administrativa, la reiterada vulneración de los derechos humanos; solo en las protestas de 2018 se provocó la muerte de alrededor de 400 personas, hechos condenados por ACDH de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo Internacional de Expertos Independientes.
Proceso del 7 de Noviembre
Previo al desafortunado y deslucido certamen electoral del pasado 7 de noviembre, con una abstención superior al 80 por ciento, el régimen de Ortega inició una casería desde el pasado mes de junio contra los posibles aspirantes presidenciales.
Cristina Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Chamorro, fue la primera privada de liberad —en prisión domiciliaria—, acusada de gestión abusiva y falsedad ideológica, esto combinado con lavado de dinero, bienes y activos. Posterior a ella, otros 6 aspirantes más fueron apresados con argumentos parecidos, no dejando a ningún potencial contrincante habilitado para las elecciones.
Esta es la realidad de la Nicaragua, secuestrada por Ortega, Murillo y compartes, que hoy por hoy recibe el rechazo de las principales democracias del mundo.
*Por Roberto Ángel Salcedo
El gobierno del presidente Luis Abinader, en un comunicado a través de la Cancillería de la República ha rechazado los resultados de esa elección, sumándose a un grupo de países y de organismos, como la Organización de Estados Americanos (OEA), que piden aunar esfuerzos para lograr, a través de la vía diplomática, cambios en la postura del gobierno ante este atropello que afecta la estabilidad democrática de la región.
