El actual Consejo Nacional de la Magistratura tiene la enorme responsabilidad de renovar parte de la matrícula de la Suprema Corte de Justicia, incluyendo a quien será su presidente para los próximos siete años.
Este Consejo Nacional de la Magistratura, liderado por el presidente Luis Abinader, debiera proponerse crear las bases para la tan anhelada segunda gran ola de reformas en el Poder Judicial.
Lo más sano de la sociedad aspira a que se dé otro puntillazo a la profesionalización del Poder Judicial y a una independencia cimentada en la capacidad, probidad y honorabilidad de los responsables de impartir justicia.
Parte de ese proceso se inició en la década de los 90, pero ahora se requiere el segundo gran empuje.
La escogencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia adquiere una significación particular.
No se trata únicamente de seleccionar a un juez de reconocida trayectoria. Se necesita liderazgo institucional, visión de futuro y autoridad moral para conducir una nueva etapa de modernización.
El Consejo Nacional de la Magistratura tiene, por tanto, una oportunidad excepcional. Puede limitarse a llenar vacantes y cumplir correctamente una atribución constitucional, o puede procurar que sus decisiones tengan una dimensión histórica.
La justicia dominicana necesita esa segunda gran ola de reformas. La composición que ahora se decida puede ser su punto de partida o simplemente una oportunidad perdida.
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