Cada cierto tiempo y ante los escandalosos casos de corrupción en los países latinoamericanos, vemos que forma parte de la política exterior estadounidense retirar la visa a líderes políticos envueltos en casos de corrupción, en ocasiones antes de que su culpabilidad sea demostrada, siendo una de las razones los altos niveles de impunidad en los sistemas de justicia de los países del área.

Estemos o no de acuerdo con esta visión de la política estadounidense, lo cierto es que entendemos que la corrupción en Latinoamérica es sistémica, enraizada de manera notable en el quehacer político cotidiano, fenómeno que afecta los intereses económicos de los norteamericanos en muchas ocasiones.

La corrupción y todo lo que se deriva de ella, provoca estragos en la seguridad jurídica de una nación, por lo que las reglas  de juego para la inversión  extranjera peligran por las exigencias de funcionarios corruptos en cuanto al pago de sobornos, además de que para ese país así como otros países desarrollados, el robo y el pillaje al Estado tiene una política de cero tolerancia.

Aunque los estadounidenses no dan los motivos para retirar el visado a las personas recordamos que en una ocasión el entonces embajador de esa nación en el país, Raúl Humberto Yzaguirre  en el año 2011 dijo en una ocasión esa que esa era  la “forma más correcta de castigar a las personas que poseen el documento y han delinquido aquí en el país y de impedir que personas con antecedentes cuestionables puedan viajar a Estados Unidos”, expresó el diplomático.

La cifra récord de “desvisados” la tiene Honduras cuando a cien funcionarios de esa nación le retiraron sus visados por una estafa al Instituto Hondureño de Seguridad Social en el año 2015. En República Dominicana, una de las cifras más altas fue de 30, que corresponden a los involucrados en el caso Odebrecht.

Podríamos sin lugar a dudas llamar a esta política estadounidense como una “geopolítica de lo moral” para defender sus intereses económicos en el área por un lado y castigar a los políticos corruptos  que se enriquecen ilícitamente por el otro, por la incapacidad de algunos países de luchar en contra de la impunidad.

Hace algún tiempo, el presidente norteamericano Donald Trump firmó un decreto que elimina las visas de todo político corrupto envuelto en actos de corrupción como el desvío de fondos públicos o crímenes, además, las visas turísticas a todos los funcionarios públicos vinculados en actos de corrupción.

En su campaña electoral Trump había expresado serias críticas ante los altos niveles de corrupción política que hay en países del área. Incluso había revelado que en sus iniciativas empresariales en la región en países como México, las mismas tuvieron que cruzar los críticos puentes de corruptela y desinstitucionalización, para poder concretar la construcción de sus hoteles turísticos.

Los datos sobre la corrupción en Latinoamérica  han sido suficientemente medidos.  Es posible que tengamos que sufrir los efectos de la geopolítica de lo moral para obligar a nuestros países a dejar un lado la corrupción.  Esta imposición aunque no ha logrado resultados apreciables, demuestra la fragilidad de nuestros sistemas.