Viernes, 22 de febrero, 2019 | 3:34 pm

La falta de recursos tienen al borde del colapso a la Justicia

El Estado debe fiscalizar riqueza de dominicanos porque aquí hay mucho más ricos que empresarios

Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de Finju.
Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de Finju.


Santo Domingo.-El vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños Guzmán, aseguró que aún con sus debilidades la democracia en la República Dominicana ha avanzado y tiene el reto de no retroceder.

Sin embargo advirtió que el sistema judicial está a punto de colapsar por la falta de recursos económicos para cumplir con su misión.

Castaños guzmán criticó que el Poder Judicial reciba menos recursos que el Congreso Nacional, o que los miembros del Ministerio Público ganen tan bajos salarios, que la Defensoría Pública tenga 183 de los 500 defensores públicos que requiere o que no se haya podido crear el cuerpo de defensa a la víctima por falta de fondos.

Más aportes de empresarios

Considera que el empresariado dominicano tiene que invertir más en la construcción de una democracia de calidad, porque no es una tarea exclusiva del Estado.

“El empresariado tiene que invertir más en la democracia, porque aquí hay más ricos que empresarios y esos ricos están haciendo mucho daño al empresariado”, explicó.

Entiende que es sumamente peligroso, porque en apariencia esos nuevos ricos no pueden justificar sus bienes y son los empresarios quienes tienen que cargar con atribuciones que no les corresponde.

Cree que la Dirección de Impuestos Internos en el país es muy deficiente, porque teniendo las herramientas para determinar quién tiene una riqueza lícita y quién no, no hace nada al respecto. “¿Cómo es posible que personas que nunca han trabajado en menos de un año han logrado más que familias de empresarios durante décadas?, ¿cómo es posible que a esos personajes el Estado no quiera aplicarles la ley como lo hace con nosotros?”, pregunta.

Afirmó que Impuestos Internos es la principal herramienta para combatir la corrupción, que está muy mal en el país. “El problema en el país son los niveles de impunidad, o sea, aquí cuando un funcionario comete actos dolosos es separado de la administración, pero no es sometido a la Justicia”, dijo.

Advirtió que lo mismo pasa en la Policía Nacional, en la Cancillería de la República y en otros estamentos del Estado, creándose un contrapeso, porque “mientras nosotros como ciudadanos estamos sometidos a un orden, hay un sector de la vida nacional que no hay forma de intervenirlo”.

Ley partidos

Castaños Guzmán dijo que el debate creado con la ley de partidos políticos, que se le ha quitado una serie de artículos que debilitan la misión y función de la Junta Central Electoral respecto a la transparencia y la fiscalización, es una consecuencia de la impunidad.

“Los partidos, a partir de la Constitución de 2010, son de naturaleza pública y hay que fiscalizarlos. Lo único que hemos dicho es que la propuesta de la Junta es más sólida que lo propuesto (por partidos)”, explicó.

Señaló que en el país hay órganos de control sumamente fuertes, pero que no funcionan desde el punto de vista institucional. Explicó que “el Congreso Nacional es el principal órgano de fiscalización, pero los informes que le remite la Cámara de Cuentas nunca se conocen”.