¿Es Calamar fracaso del Ministerio Público? Jueza valida acusación de fraude con expropiaciones y descarta financiamiento ilícito de campaña
- El caso Calamar no ha terminado. La parte relativa a las expropiaciones y los pagos estatales continuará su curso en los tribunales
Santo Domingo.- La decisión de la jueza Altagracia Ramírez en el caso Calamar parece haber distinguido entre dos grandes vertientes contenidas en la acusación del Ministerio Público, otorgando mérito suficiente para enviarla a juicio de fondo en lo relativo a la supuesta estafa contra el Estado en el pago de propiedades expropiadas y rechazando mediante acto de no ha lugar la relativa a la financiación ilegal de la campaña del Partido de la Liberación Dominicana para las elecciones del 2020.
Desde que fue presentado, el expediente Calamar fue percibido por la opinión pública como un gran caso de corrupción administrativa. Sin embargo, en realidad contenía dos líneas de investigación diferentes, aunque el Ministerio Público las hizo converger en un solo expediente.
Según el Ministerio Público, parte de esos reclamos habrían sido utilizados para generar pagos irregulares o sobrevalorados que beneficiaron a particulares y a funcionarios.
Es en esa vertiente donde se concentran figuras como Donald Guerrero y Ángel Lockward. La decisión de enviarlos a juicio de fondo indica que la jueza encontró elementos suficientes para que un tribunal de juicio examine las acusaciones y determine si existieron o no conductas delictivas relacionadas con esos procesos de expropiación y pago.
La segunda vertiente, sostuvo que parte de los recursos obtenidos mediante las operaciones investigadas habrían sido desviados para financiar actividades de la campaña presidencial del Partido de la Liberación Dominicana en 2020, encabezada por Gonzalo Castillo.
Bajo esa teoría acusatoria fueron vinculados Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y otros dirigentes cercanos al proyecto político oficialista de entonces. Sin embargo, el no ha lugar dictado a favor de Castillo y Peralta parece indicar que la jueza no encontró elementos suficientes para sostener en juicio la acusación relacionada con el supuesto financiamiento ilícito de la campaña electoral.
Un auto de no ha lugar implica que el tribunal considera insuficientes las pruebas presentadas para justificar la apertura de un juicio. En consecuencia, la magistrada parece haber concluido que la hipótesis de financiamiento ilegal de la campaña no alcanzó el nivel probatorio requerido para continuar el proceso penal.
Mientras Donald Guerrero y Ángel Lockward deberán defenderse en un juicio de fondo por los hechos vinculados a las expropiaciones y pagos investigados, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta quedan fuera de la principal acusación que amenazaba su futuro político.
El exministro de Obras Públicas no solo queda fuera de juicio en la vertiente electoral del caso, sino que además recibe la decisión pocos días después de que Estados Unidos le restituyera su visado. La combinación de ambos acontecimientos fortalece su proceso de rehabilitación política y lo coloca nuevamente como una figura relevante dentro de la competencia interna del PLD. El caso Calamar no ha terminado. La parte relativa a las expropiaciones y los pagos estatales continuará su curso en los tribunales.
Las expropiaciones
La primera parte del expediente tiene su origen en una realidad de que miles de tareas de tierra fueron expropiadas por el Estado para la construcción de carreteras, aeropuertos, proyectos turísticos, obras hidráulicas e infraestructuras diversas sin que sus propietarios recibieran oportunamente la compensación correspondiente.
Como consecuencia de ello, durante años se acumularon reclamaciones, litigios y sentencias pendientes de pago.
Según la acusación, el problema no radicaba en la existencia de esas deudas, muchas de las cuales eran legítimas, sino en la forma en que algunas fueron negociadas, tramitadas y finalmente pagadas.
El Ministerio Público sostiene que alrededor de esos expedientes se habría articulado una estructura integrada por funcionarios, abogados e intermediarios que supuestamente utilizó reclamaciones relacionadas con expropiaciones para obtener pagos irregulares del Estado.
Dentro de esa teoría, Donald Guerrero ocupa una posición central debido a que era ministro de Hacienda, institución encargada de procesar y autorizar numerosos pagos derivados de acuerdos transaccionales y reclamaciones contra el Estado.
Los fiscales sostienen que desde esa posición se habrían facilitado mecanismos que permitieron beneficiar a determinados particulares mediante acuerdos considerados irregulares.
Abogados e intermediarios
La acusación también atribuye participación relevante a abogados que actuaban en representación de reclamantes o adquirían derechos sobre expedientes de expropiación. Entre ellos figura Ángel Lockward, quien también fue enviado a juicio de fondo.
Según la tesis del Ministerio Público, parte de las operaciones investigadas incluían cesiones de crédito, compras de derechos litigiosos, representación de sucesiones y negociaciones con el Estado que habrían terminado generando beneficios económicos indebidos. Precisamente esos hechos son los que ahora deberán ser examinados durante el juicio oral; la consecuencia práctica del fallo es que el caso Calamar queda dividido en dos caminos.
Por un lado, continúa vivo el proceso relacionado con las expropiaciones, los acuerdos transaccionales y los pagos realizados por el Estado, materia sobre la cual la jueza entendió que existen elementos suficientes para celebrar un juicio de fondo.
Por otro lado, queda fuera del proceso la acusación relativa al supuesto financiamiento ilícito de la campaña presidencial de 2020, al menos respecto de los principales imputados vinculados a esa teoría.
La decisión no pone fin al caso Calamar, pero sí redefine su alcance, ya que la parte que involucraba de manera directa a figuras políticas relevantes del PLD ha sido dejada fuera del proceso por la jueza Altagracia Ramírez, mientras que la parte propiamente del fraude, con Donald Guerrero y Ángel Lockward como figuras principales, inicia un curso más prolongado con el juicio de fondo.
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