Cuando se accede a la educación dominicana desde la perspectiva de las principales autoridades del sector, como ocurrió ayer durante un encuentro del Grupo de Comunicaciones Corripio con el ministro Luis Miguel de Camps, tres viceministros y dos directores, se puede concluir con facilidad que en el país interactúan varios sistemas educativos.
Uno de ellos, el que ve el Gobierno, es bastante fluido y eficiente; otro, la calamidad que denuncia casi a diario el gremio de los profesores, hecho de promesas incumplidas, escuelas en mal estado y de nombramientos inconclusos; un tercero, el que ve la denominada “sociedad civil”, carente de calidad y arrinconado por la pugna entre administradores del sistema y la ADP y, por lo menos un cuarto, al que una parte de la opinión pública atribuye más defectos que virtudes, y causa de muchos de los males de la sociedad nacional de estos tiempos, entre ellos falta de urbanidad, violencia, vulgaridad e indolencia.
El ministro De Camps, aunque parezca sorprendente, se cuenta entre quienes entienden que “necesitamos un nuevo sistema educativo”, pero no como el proyecto de una administración particular del Estado, con una orientación que pudiera resultar unidimensional, sino como el resultado de un amplio consenso.
Parece razonable. Particularmente si las ideas para esta reorientación llegan acompañadas del establecimiento de una regencia de largo aliento, que incluya al Consejo Nacional de Educación y al principal titular administrativo, como ha ocurrido con el Banco Central y la política monetaria.
Si ocurriera no sería una novedad en la vida dominicana. En el último quinto del siglo XIX, Eugenio María de Hostos sentó las bases de la educación pública en el país con el establecimiento de la Escuela Normal y programas para la formación de peritos agrícolas. Estas iniciativas aportarían la base intelectual y técnica que reclamaría más adelante la transformación de la actividad económica.
Una nueva realidad reclama un sistema educativo renovado.
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