Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la democracia en América Latina y el Caribe muestra síntomas de desgaste en momentos que enfrenta algunos desafíos que deberían ser enfrentados con anticipación desde el Estado.
Entre los retos que según el PNUD deben ser atendidos señaló el cambio climático, contaminación, pérdida de biodiversidad, crimen organizado transnacional, movilidad humana, desinformación digital y polarización política.
Una de las formas democráticas mejor valoradas y reconocidas en la región del mundo a la cual dirige su atención este órgano internacional —la electoral— ha tenido experiencias recientes de las que ha salido bien librada, excepción hecha del caso venezolano.
Todavía está por verse lo que pasará en Haití, Estado sometido al acompañamiento internacional por una grave crisis de autoridad y de política. Entre las exigencias de los tutores está la de organizar y tener elecciones este año, tentativamente en agosto, para legitimar autoridades ejecutivas y elegir un parlamento, del que carece en la actualidad.
Los riesgos de un debilitamiento crónico de la democracia pueden estar presentes en América Latina y el Caribe, como advierte el PNUD, pero por lo visto todavía la expresión electoral de este sistema de gobierno goza de aceptación popular.
Atender el llamado de atención no es, desde luego, un asunto de simple cortesía en el caso nuestro, en vista de la calidad de los factores señalados en el informe de este órgano entregado al presidente Luis Abinader el pasado lunes en la Cancillería por la directora para América Latina y el Caribe, Michelle Muschett, y la representante en el país, Ana María Díaz.
Si hay en el Continente una nación en condiciones de valorar lo que se pierde por no poner remedios a tiempo, esa es la dominicana, que ha visto durante años lo que le ha costado a la haitiana la pérdida de las vías de diálogo, la crisis de la biodiversidad, la violencia y la política entre sordos.
