Julio Cury considera que la Procuraduría centró lucha anticorrupción en dirigentes del PLD
- El abogado constitucionalista afirma que el caso Calamar contra José Ramón Peralta responde a una estrategia para inhabilitar moralmente a ese partido frente al electorado
Santo Domingo. El abogado constitucionalista Julio Cury consideró que la Procuraduría General de la República enfocó su “lucha contra la corrupción” en exfuncionarios del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para tratar de desacreditar políticamente a esa organización ante el electorado, en referencia al proceso judicial seguido contra José Ramón Peralta en el denominado caso Calamar.
“A nadie le cabe duda de que el motor del proceso seguido en contra de José Ramón Peralta fue, y es, la fabricación interesada de culpables en hechos en los que no participó o que nada tienen de penales”, expresó Julio Cury.
“Mi muy estimado José Ramón Peralta ha sido víctima del enfoque asimétrico de la Procuraduría General de la República, centrado en funcionarios peledeístas para inhabilitar moralmente a ese partido frente al electorado”, escribió el jurista en su cuenta de X, antigua Twitter.
Este próximo viernes, la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, emitirá su decisión sobre el proceso del caso Calamar, en el que el propio José Ramón Peralta denunció durante la audiencia preliminar que nunca fue interrogado, alegando una violación a sus derechos constitucionales.
Defensa de José Ramón Peralta cuestiona pruebas del caso Calamar
En la audiencia preliminar, celebrada el jueves 29 de enero de 2026 en el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, la defensa técnica del exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, sostuvo que el proceso penal seguido en su contra constituye un caso sintomático de degradación del estándar probatorio y del uso de estrategias comunicacionales orientadas a minar reputacionalmente a los imputados para justificar medidas de coerción y solicitudes de apertura a juicio, aun en ausencia de pruebas reales y suficientes.
La defensa enfatizó que en un Estado social, democrático y de derecho no basta con acumular documentos, cajas de expedientes o parafernalias mediáticas, como alegadamente hace el Ministerio Público en este tipo de procesos, para sostener una imputación penal.
Detrás del proceso, según la defensa de José Ramón Peralta, existe una evidente dimensión política, aunque insistió en que el debate debe ser estrictamente jurídico y probatorio.
“No se trata de fabricar culpables ni de satisfacer expectativas mediáticas; se trata de imputar únicamente a quienes efectivamente hayan cometido un hecho punible y demostrarlo con pruebas reales, legales y suficientes”, sostuvo la defensa al cuestionar la actuación del Ministerio Público en el caso Calamar.
Defensa alega debilidad probatoria en proceso contra José Ramón Peralta
La defensa sostuvo además que la etapa preliminar exige pruebas rigurosas, obtenidas de manera lícita, pertinentes, útiles y directamente vinculadas con los hechos imputados.
“En el proceso penal lo más peligroso no siempre es el delito, sino creer que cualquier prueba basta”, citó la defensa del jurista Eugenio Raúl Zaffaroni, al advertir que aceptar documentos sin valor probatorio real coloca al ciudadano en un estado de indefensión.
Asimismo, cuestionó que el Ministerio Público pretenda sostener una acusación de estafa contra el Estado sin presentar, según alegó, una sola prueba concreta que vincule a José Ramón Peralta con hechos ilícitos.
La defensa recordó además el precedente del caso Antipulpo, donde trece personas fueron enviadas a juicio y posteriormente descargadas por insuficiencia probatoria, destacando la importancia de que los jueces de instrucción actúen como un “dique de contención” frente a imputaciones débiles o fabricadas.
Caso Calamar: cuestionan volumen de pruebas presentadas por el Ministerio Público
La defensa de José Ramón Peralta afirmó que el Ministerio Público ha asegurado públicamente que posee más de 2,000 pruebas dentro del caso Calamar; sin embargo, indicó que el expediente contiene realmente 1,691 documentos, los cuales no equivalen automáticamente a pruebas válidas.
Según la defensa, respecto a José Ramón Peralta solo fueron depositados 134 documentos, que tampoco adquieren valor probatorio simplemente por haber sido incorporados al expediente.
Durante la audiencia preliminar, también se cuestionó la existencia de documentos en idioma inglés sin traducir al español, además de piezas relativas a empresas y sociedades comerciales que, según la defensa, no guardan ningún vínculo con José Ramón Peralta.
Asimismo, se denunció la incorporación de documentos considerados impertinentes o desvinculados de los hechos investigados, incluyendo registros financieros, contratos de arrendamiento y documentos correspondientes a años anteriores a los hechos imputados.
Defensa denuncia “expediente abultado” en proceso judicial
La defensa aseguró igualmente que múltiples documentos fueron incorporados de forma repetitiva y redundante con la finalidad de crear una percepción de volumen probatorio ante la opinión pública y el tribunal.
También sostuvo que desde el año 2021 el Ministerio Público investigó exhaustivamente la vida económica, familiar y social de José Ramón Peralta sin encontrar evidencias incriminatorias.
Finalmente, la defensa cuestionó la objetividad del Ministerio Público al sustentar parte de la acusación en declaraciones de supuestos testigos, uno de los cuales habría utilizado los mismos hechos en distintos procesos judiciales y otro que corresponde, según alegó, a una persona condenada.
“La objetividad no puede desaparecer cuando el objetivo político de una investigación es imputar a alguien determinado”, sostuvo la defensa, al afirmar que existió una obsesión por vincular a José Ramón Peralta debido a su cercanía con el entonces presidente de la República.
