SANTO DOMINGO.-La jueza de la Oficina de Atención  Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, rechazó anoche declaró inadmisible una de las cinco querellas que fueron presentadas en contra del exministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo; el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; el exministro Administrativo, José Ramón Peralta y  el exadministrador del banco de Reservas, Simón Lizardo.

La magistrada consideró que la querella interpuesta por la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristiana (Fenattransc) y la Confederación Nacional de Organizaciones de Transporte (Conatra), no guarda relación con la solicitud de medida de coerción en contra de los encartados en el caso Calamar.

En cambio, el tribunal admitió cuatro querellas, entre ellas una presentada por José René Gutiérrez Gatón y Rosa Esterlina Gatón, a través de sus abogados Francisco García Rosa, José Guillermo Jiménez Gutiérrez y José Augusto Sánchez Turbí, en contra de los varios de los imputados en el caso Calamar.

El doctor Manuel Rodríguez, abogado de Aldo Antonio Gerbasy, había solicitado a la jueza declarar inadmisible las querellas presentadas en contra de los encartados.

La querella que fue declarada inadmisible fue presentada por Mario Díaz y Antonio Marte, presidentes de FENATTRANSC y de CONATRA, a través de los abogados Carlos Manuel Mesa y Fredermiro Ferreras Díaz, quienes señalan en la instancia que los exfuncionarios usaban el dinero que destina un impuesto adicional de dos pesos por galón al consumo de gasolina y gasoil, regular y Premium.

En su querella, los transportistas sostienen que los ex funcionarios del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) usaron el dinero de un impuesto adicional de dos pesos por galón al consumo de gasolina y gasoil, regular y premium, previsto en la Ley No.112-00 para promover el desarrollo vial y la renovación del parque vehicular de transporte público de pasajeros y de carga a favor del sector transporte.

La magistrada declaró inadmisible la querella interpuesta por los sindicatos del transporta y las empresas del transportes, que presentaron contra los imputados y otros exfuncionarios que no son mencionados en la solicitud de medida de coerción del Ministerio Publico.

La magistrada adoptó su decisión tras considerar que esos hechos no son vinculantes a los que se les imputa a los acusados de cometer actos de corrupción para sustraer los fondos del Estado para su beneficiarse con la adquisición de bienes de muebles e inmuebles.

Los exministros Donald Guerrero, de Hacienda; José Ramón Peralta, administrativo de la Presidencia, y Gonzalo Castillo, Obras Públicas, son señalados por el Ministerio Público como los cabecillas de un entramado mafioso que desfalcó al Estado dominicano con más de 19 mil millones de pesos.