El exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, cumplirá medida en su residencia.
Santo Domingo.-La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, impuso 18 meses de prisión preventiva contra los exministros Donald Guerrero y José Ramón Peralta y privación de libertad en sus domicilios a los otros 18 imputados del caso Calamar.
La magistrada notificará el próximo lunes la resolusión que contiene el fallo.
El Ministerio Público les atribuye ser parte de una supuesta mafia para defraudar al Estado por más de 19 mil millones de pesos, parte de los cuales habrían sido usados para financiar la campaña del Partido de la Liberación Dominicana en el 2020.
Yeni Berenice Reynoso dice el que haya cometido un ilícito será llevado ante los tribunales.
Al excandidato presidencial peledeísta, Gonzalo Castillo, se le impuso prisión domiciliaria, 20 millones de pesos de garantía económica e impedimento de salida.
A los únicos a los que se les impuso prisión preventiva fueron Donald Guerrero, exministro de Hacienda, y José Ramón Peralta, exministro Administrativo de la Presidencia, quienes deberán ser recluidos en la cárcel de Najayo Hombres.
Al excontralor general, Daniel Omar Caamaño, y al exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo, les fue impuesto impedimento de salida y el pago de una garantía económica de tres millones de pesos. A Piccirilo también le fue impuesto arresto domiciliario.
Al exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, se le impuso impedimento de salida, presentación periódica y arresto domiciliario.
Al encartado Ángel Lockward le fue dictado arresto domiciliario, presentación periódica, impedimento de salida y el pago de una garantía económica de siete millones de pesos en efectivo.
Aldo Antonio Gerbasi tiene impedimento de salida, presentación periódica y el pago de una garantía económica de cinco millones de pesos mediante empresa aseguradora.
Alejandro Constanzo tiene presentación periódica, impedimento de salida, arresto domiciliario y una garantía económica de un millón de pesos.
Son 20 los encartados en el expediente de corrupción denominado Calamar. Arlenis castillo
En cambio, a Ramón David Hernández, le le fue impuesto impedimento de salida, arresto domiciliario y el pago de una garantía económica de un millón de pesos en efectivo.
A Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Marcial Reyes, Roberto Santiago Moquete Ortiz y al director de Juegos de Azar, Julián Omar Fernández, les fue impuesto arresto domiciliario e impedimento de salida.
A Emir José Fernández de Paola, le fue dictado arresto domiciliario, impedimento de salida y el pago de dos millones de pesos.
Al director de Casinos, Oscar Chalas Guerrero, y Rafael Parmenio Rodríguez, presentación periódica e impedimento de salida.
A Chalas Guerrero también le fue dictado arresto domiciliario. Rafael Parmenio Rodríguez, dictaron presentación periódica e impedimento de salida. A Agustín Mejía Ávila, presentación periódica, arresto domiciliario y una garantía económica de RD$500 mil y a Víctor Matías Encarnación el pago de una garantía económica de tres millones de pesos en efectivo.
Al grupo se le atribuye asociación de malhechores, desfalco, estafa, lavado de activos y otros delitos.
Recurrirá
— Resolución
El jurista Santiago Marrero, abogado de José Ramón Peralta, dijo que es un atropello la decisión que envía a prisión a su representado, y que esperará la notificación de la resolución para apelarla.
El MP pedirá un juez especial caso diputado
Calamar. La directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, dijo que en las próximas horas solicitará ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) la designación de un juez de Instrucción Especial para la investigación contra el diputado Sergio Moya (Goris), mencionado en el caso Calamar.
El órgano investigador hará la solicitud al presidente de la SCJ, Luis Henry Molina, para que se inicie de manera formal la investigación del legislador.
Solicita licencia
El director de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, Mérido Torres, informó que solicitará una licencia para demostrar que es inocente. Se iría a su oficina privada para limpiar su nombre.
