Jueza conocerá prórroga del Ministerio Público en caso Camaleón este lunes
Santo Domingo.– La jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Patricia Padilla, intentará por segunda vez conocer la solicitud de prórroga de cuatro meses presentada por el Ministerio Público para concluir la investigación del caso de corrupción administrativa conocido como “Camaleón” y poder presentar la acusación formal.
La audiencia fue aplazada la semana pasada para este lunes a las 9:00 de la mañana, debido a que los representantes legales de los querellantes no presentaron un poder legal que los autorice a actuar en nombre del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y del Ministerio de Defensa.
De no presentarse dicho poder, los titulares de ambas instituciones, Milton Morrison, director del Intrant, y Carlos Fernández Onofre, del Ministerio de Defensa, deberán comparecer personalmente ante el tribunal.
El Ministerio Público solicita la prórroga con el objetivo de completar diligencias pendientes en la investigación contra los imputados por un presunto fraude al Estado, vinculado a contratos irregulares para la instalación de semáforos en el Gran Santo Domingo, y poder presentar su acusación en la fase preliminar.
Entre los principales imputados figuran Hugo Beras, exdirector del Intrant, y José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix S.A.S.
La jueza Padilla podría otorgar los cuatro meses solicitados o conceder un plazo menor a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
El caso Camaleón ya suma ocho meses desde que se dictaron las medidas de coerción, el 10 de octubre de 2024, y fue declarado de tramitación compleja.
El Ministerio Público imputa a los involucrados la comisión de múltiples delitos, entre ellos: asociación de malhechores, estafa al Estado, coalición de funcionarios, sabotaje, robo de identidad, delitos contra la nación, actos de terrorismo, y violaciones a la Ley de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
También se les acusa de contrabando, falsificación, lavado de activos y otros delitos en perjuicio del Estado dominicano.
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