El Día 
Santo Domingo.– La Junta Central Electoral (JCE) informó este viernes que, hasta la fecha, no ha recibido denuncias ni solicitudes de investigación respecto al caso de la persona identificada como Richard Miguel Gloss Ovalles y/o Richard Molina Ovalles, según la información ofrecida por la Procuraduría General de la República (PGR).
Adicionalmente, el Pleno de la JCE dispuso este jueves una investigación de oficio respecto a las dos cédulas identificadas en rueda de prensa por la Procuraduría General de la República, así como de cualquier acta del Estado Civil vinculada a las mismas.
Los resultados de dicha investigación serán puestos a la disposición de la opinión pública tan pronto se tengan sus resultados, dijo la institución.
El Inspector general del Ministerio Público, Bolivar Sánchez dijo ayer en rueda de prensa que fue él quien, en el marco de una investigación por narcotráfico, solicitó la intervención de varios teléfonos uno de los cuales resultó ser el de la magistrada Miriam Germán Brito.
Al referirse a la denuncia realizada horas antes por el periodista Danny Alcántara en el sentido de que el procurador Jean Alain Rodríguez solicitó la intervención del teléfono de la jueza Miriam Germán Brito, Bolívar Sánchez afirmó que la intención no era interceptar el teléfono de la jueza sino de un narcotraficante, quien había usado dos identidades luego de simular su muerte.
Señaló que esa persona se comunicaba con el número de teléfono que ellos solicitaron intervenir y que luego ellos se dieron cuenta que era el de Germán Brito, por lo que desistieron de continuar con la intervención.
Bolívar Sánchez reveló que la persona en cuestión es la misma que la jueza dijo en la réplica al procurador, en la sesión del Consejo de la Magistratura, que le había construido su casa en San José de Ocoa, lo que al decir del investigador del Ministerio Público explica el intercambio de comunicación con el número telefónico.
Se trata de una persona identificada como Richard Miguel Gloss Ovalles y/o Richard Molina Ovalles, quien se suicidó recientemente, tal como también había señalado la magistrada durante su réplica al procurador el lunes pasado.
Bolívar Sánchez manifestó que esa persona era investigada por narcotráfico y que había fingido su muerte el 6 de agosto del año 2014 por insuficiencia renal.
La Inspectoría del Ministerio Público volvió tras sus pasos al recibir una denuncia de que este se había dotado de otra identidad con documentos de la Junta Central Electoral, pero se suicidó el día 15 de noviembre del año pasado.
La controversial solicitud de intervención telefónica fue hecha el 24 de noviembre de 2018, nueve días después del suicidio.
