En medio de las discusiones sobre las reformas al Régimen Electoral y del proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, lo referente a la celebración de elecciones primarias simultáneas, abiertas o cerradas, prácticamente ha desplazado el abordaje del financiamiento político.

Parecería, hasta el momento, que en el ámbito de las élites políticas dominicanas reviste mayor relevancia el tema de las primarias que la influencia del dinero en la actividad política, una clara señal de desinterés en el fortalecimiento de la institucionalidad democrática.

Lo anterior se expresa en cómo, desde finales de la década de 1990, no pocos ciudadanos dominicanos han ganado cargos electivos gracias a la utilización de altas sumas de dinero en las campañas electorales; recursos cuya procedencia no siempre ha estado claramente establecida.

Naturalmente, el encarecimiento de la actividad política no es nuevo ni constituye una exclusividad de la República Dominicana, sino que se ha venido verificando en la casi totalidad de las democracias latinoamericanas.

En agosto de 2003, una publicación del Centro Carter, titulada “El financiamiento de la democracia en las Américas”, daba la clarinada: “En tanto se desarrollaba la democracia en América Latina durante las últimas décadas, mucha gente tenía grandes esperanzas de que serviría para mejorar sus vidas y de que operaría de una manera justa”.

Llamaba la atención de que, sin embargo, eran muchos los ciudadanos decepcionados con el desempeño de sus gobiernos, y destacaba que la desconfianza en las instituciones, especialmente los partidos, era notoria.

La entidad, liderada por el ex presidente estadounidense Jimmy Carter, llegó a la conclusión de que “los partidos responden más a sus contribuyentes y a los intereses especiales que a los electores”.

Posteriormente, en 2011, el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) hicieron otra publicación acerca del “Financiamiento de los partidos políticos en América Latina”, en el que reconocían que se trata de una cuestión que ha sido uno de los temas fundamentales en el proceso de reformas electorales.

El trabajo, coordinado por Pablo Gutiérrez y Daniel Zovatto, sostenía que muchas preguntas habían surgido alrededor de este tema, entre las que enumeraba, ¿qué tipo de financiamiento deben recibir los partidos políticos? ¿Debe contribuir el Estado a su funcionamiento y campañas? ¿Qué limitaciones debe haber? ¿Cómo asegurar la transparencia en el uso de los fondos? ¿Deben limitarse los aportes privados?

En el caso de los sistemas de partidos políticos y electoral en el país, esas preguntas continúan sin respuestas, aunque hay que reconocer que en la discusión del proyecto de ley de partidos y agrupaciones políticos que cursa en el Congreso Nacional se hace el esfuerzo para el establecimiento de reglamentaciones en ese sentido.

Un primer estudio de las referidas instituciones había determinado, en términos generales, que el tema del financiamiento de la política es clave para la salud de la competencia política democrática.

Si damos aquiescencia a la afirmación anterior, entonces una cuestión privativa de las agrupaciones políticas, como el caso de las elecciones primarias, sean abiertas o cerradas, no debe estar por encima del financiamiento a la actividad política, dado su impacto en el colectivo nacional.

Los partidos políticos con representación congresual tendrán la última palabra en esa dirección, pero el camino que recorran marcará el avance o el retroceso de nuestro sistema democrático.