SANTO DOMINGO.-La debilidad institucional en República Dominicana representa un desafío para la aplicacion de la Ley de Extincion de Dominio, un proyecto que encuentra una fuerte resistencia.

Empresarios, abogados y representantes de la sociedad civil, que externaron sus observaciones a la Comisión Bicameral del Congreso que estudia el proyecto de ley, aseguraron que la precaria independencia del Poder Judicial, debilidad del estado de derecho y de la seguridad jurídica afectarían el cumplimiento de la ley.

Observaron que podría dar origen a abuso de poder, persecución política, expropiación de bienes para beneficio de particulares vinculados al proceso, entre otras irregularidades.

En el Congreso Nacional ha sido imposible pasar el proyecto.

Uno de los proponentes de la pieza legislativa, el senador Antonio Taveras, quien impulsa en las redes sociales el hashtag #RecuperemosLoRobado, dijo que están conscientes de que el país “es un desorden” y que “las instituciones no funcionan”, pero afirmó que establecen sanciones graves al Ministerio Público si se extralimita en sus funciones.

Penalidad
Las sanciones contenidas en una nueva versión del proyecto de ley que el senador Taveras introducirá al Congreso durante la primera legislatura del año, establecen que el servidor o funcionario público que emita decisión, resolución, solicitud o ejecute un acto contrario a la ley, incurrirá en prisión de dos a cinco años, multa de cincuenta a cuatrocientos salarios mínimos del sector público e inhabilitación de cinco años para el ejercicio de derechos y funciones públicas. También será responsable a título personal por daños y perjuicios que su conducta genere.

En el artículo 100 sobre prevaricato por omisión, dispone igual sanciones para el servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones o incurra en desacato de una decisión judicial emitida en el marco de la presente ley.

También en el artículo 101 sobre violación a reglas de administración se disponen de las mismas sanciones para el servidor público o aquel que sin serlo haya sido contratado o recibido atribuciones dentro del marco de la ley y haya dado un uso inadecuado, descuidado o abusivo a los bienes sometidos a procedimiento de extinción de dominio, o que los haya distraído o utilizado para su uso personal o en beneficio de terceros.

Para el diputado Tobías Crespo, la mejor opción es establecer que la Ley de Extinción de Dominio sea introducida de manera gradual, ya que -dijo- no hay institucionalidad jurídica para su total aplicación.

El vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños, destacó avances en materia de institucionalidad, pero dijo persisten limitaciones vinculadas a la relación entre los poderes del Estado, voluntad del Gobierno, prevalencia de impunidad y de un modelo político que -dijo- continúa con prácticas autoritarias, clientelistas y que distancia a la ciudadanía de las instituciones.

Desconocimiento
De los principales obstáculos que enfrenta la pieza legislativa es el alto grado de desconocimiento, “ciudadanos e incluso congresistas que no saben siquiera lo que es extinción de dominio y habrá que meterles con cucharita”, según declaró el diputado por la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo.

La situación que describe Crespo, Estados Unidos intenta enfrentarla con apoyo financiero, envío de un consultor para capacitar en extinción de dominio, campañas de comunicación en medios nacionales y redes sociales, intercambios de impresiones y otras colaboraciones que algunos califican de injerencia.

Estados Unidos
La cooperación norteamericana surge tras la firma de una Carta Acuerdo, en abril 2021, en la que el presidente Luis Abinader y el encargado de negocios de la Embajada de EE. UU., Robert Thomas, se comprometieron a impulsar leyes para transparencia y combate a la corrupción.

“Deseamos trabajar con ustedes en el avance de los esfuerzos legislativos para crear un sistema de extinción de dominio, que permita a su gobierno recuperar los bienes y riquezas que criminales y funcionarios corruptos han robados al pueblo”, expresó Thomas durante su discurso en la ceremonia de firma.

IPC 2021

30 Indice Percepción Corrupción.
Hay entidades frágiles
y RD debe fortalecer transparencia, integridad y rendir cuentas.

*Por SHAIRA CASTILLO/ YEMELY CABRAL