Santo Domingo.- El vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, pidió hoy que el Senado de la República y la Cámara de Diputados utilice el Fondo de Gestión Social mejor conocido como barrilito para la compra de pruebas para la detección del coronavirus, trajes de protección del personal de salud y el equipamiento de los hospitales.

Guzmán alegó que debido a la situación que ocurre en el país con el coronavirus es urgente que en su próxima sesión los legisladores eliminen el barrilito que bajo la modalidad de un Fondo de Asistencia Social para supuestamente ayudar a sus comunidades cada año centenares de millones de pesos se le asigne a los diputados y senadores.

Indicó que el barrilito representa una desnaturalización de la función legislativa y constituye un agravio a la transparencia que debería primar en el Congreso.

“Desde hace años, Finjus y otras instituciones sociales venimos reclamando la eliminación de este tipo de prácticas, independientemente del nombre que le asignen. Esto es más urgente que nunca en la actualidad, en medio de la calamitosa situación que prevalece por la expansión del Covid-19”, establece Servio Tulio Castaños Guzmán a través de un comunicado.

Para Castaños Guzmán el barrilito debe ser destinado para asistir a las comunidades más afectadas, a los grupos vulnerables y el reforzamiento de las medidas de control y seguridad para evitar la expansión del Coronavirus.

La institución que lidera exhorta a la ciudadanía a pedir que sean optimizados los escasos recursos disponibles para frenar el auge de la pandemia, curar a los afectados y asistir a quienes necesitan restablecer sus negocios, crear empleos, tener acceso a recursos para sus necesidades de salud, alimentación y pago de servicios vitales.

Por ello es urgente que identifiquemos las áreas en las que los fondos públicos son distraídos de su función primordial, tanto por la mala gestión de entidades públicas y sus responsables, la ineficiencia de los servicios brindados y la distracción de fondos del presupuesto hacia prácticas tradicionales de financiamiento de actividades políticas partidarias desde el Estado.