Recientemente se hizo pública la preocupación de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) por el alto nivel de incumplimiento respecto de las sentencias del Tribunal Constitucional. Cualquiera podría pensar que el hecho de que se trate de una alta corte cuyas decisiones tienen efecto constitucionalmente vinculante tendría como efecto que sus decisiones se conviertan en lápida de las discusiones jurídicas. Pero no es así.
Quizás el pecado original lo cometió el legislador, que en su ley orgánica previó mecanismos insuficientes que el Constitucional pudiera usar para hacer ejecutar sus decisiones. Como consecuencia de ello, ese tribunal tiene pocas herramientas en ese sentido, algo difícil de compatibilizar con la importancia de su función y la fuerza vinculante que la Constitución reconoce a sus decisiones.
Han pasado más de 15 años y ese error no se ha corregido, aunque parece que sí hay iniciativas para hacerlo. Sin embargo, ¿bastaría una ley para obligar a una obediencia que la Constitución no ha podido garantizar? Podría ser, si tiene garras suficientes, pero no garantizaría nada.
Algunas de las instituciones llamadas por lógica a servir de brazo ejecutor son también las más conspicuas incumplidoras de las decisiones del Constitucional. Por un lado, la Policía Nacional, que hace años ha sido señalada como la institución más reacia a cumplir las sentencias. También el Ministerio Público que en cuestiones como permitir el acceso a la carpeta fiscal ha demostrado que no tiene interés en acatar las decisiones que no son de su agrado. El ejemplo más lacerante es que, dieciséis meses después de la sentencia TC/0225/25 que censura esas prácticas, todavía usa los motes públicamente y usa la prensa para condicionar a la opinión pública y afectar los procesos, ambas cosas duramente criticadas por el Constitucional.
Resulta obvio que este patrón de comportamiento demuestra que las instituciones llamadas a hacer cumplir la ley sienten que están por encima de ella, por lo que no queda claro que una nueva ley las convencería a hacerlo. También resulta obvio que ese conflicto demuestra que el Tribunal Constitucional está cumpliendo su labor de enfrentar las arbitrariedades que han marcado nuestra vida republicana.
La opción que tenemos los ciudadanos es seguir aceptando que la ley no sea para todos o exigir que se cumplan las sentencias del Tribunal Constitucional. No me parece que la decisión sea difícil, pero sí es necesaria.
