Servio Tulio Castaños Guzmán emitió un comunicado a nombre de Finjus. Foto de archivo.
Santo Domingo.- La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (Finjus), advirtió hoy que es necesario que las autoridades electorales apliquen las leyes de régimen electoral y de partidos políticos, en lo que respecta a la regulación y límites de la realización de la campaña electoral de cara a las elecciones del 05 de julio.
«Debe recordarse que el apego irrestricto al contenido de las disposiciones sobre la campaña electoral constituye uno de los elementos institucionales de mayor importancia para garantizar la idoneidad y legitimidad democrática en todo el proceso de elección. Consideramos oportuno advertir a la sociedad sobre la probable inequidad que puede darse en este período de campaña, especialmente por las circunstancias que atraviesa el país en su vida social y económica a casusa de la pandemia del Coronavirus (COVID-19)», manifestaron en un comunicado.
Indicó que la Junta Central Electoral debe actuar con la firmeza necesaria para hacer cumplir los presupuestos sobre la campaña contenidos en la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y la Ley de Régimen Electoral, verificando situaciones que pudieren estar al margen de la ley e imponiendo las sanciones administrativas correspondientes.
Así también, manifestó que es preciso que los diferentes candidatos y los partidos que los inscribieron cumplan los mandatos de la norma y los presupuestos de la Proclama dictada por la Junta Central Electoral para dichos aspirantes.
Dijo que la sociedad espera que este certamen ser desarrolle apegado a la legalidad, en un marco de equidad y respeto estricto a los principios del Estado social y democrático de derecho.
«Es deber de todos los actores políticos, conjuntamente con la Junta Central Electoral, el cumplimiento de las leyes en este proceso electoral, para avanzar en la creación de una cultura de respeto a la legalidad, para superar las viejas prácticas que chocan frontalmente con la esencia democrática y producen daños graves a la seguridad jurídica y la confianza ciudadana», aseguró.
