El fideicomiso público (FP) es un instrumento jurídico financiero que permite al Estado delegar, en sociedad o no, el usufructo o explotación de un bien o servicio.

Esto, porque resultaría más conveniente en manos privadas por razones de limitaciones financieras, tecnológicas o de otra índole, siempre en un marco de transparencia y controles apropiados. Es así como la Cámara de Diputados vuelve aprobar el proyecto de Ley de Fideicomiso Público que había perimido en la legislatura pasada y que procura darle mayor diafanidad a esta figura legal.

Sin embargo, imbuidos en la cuasi precampaña electoral con miras a las próximas elecciones del 2024, el tema de esta figura se ha convertido en atractivo político donde favorecedores y opositores exponen sus criterios, revestidos de semblantes partidarios. La lectura inextensa del proyecto aprobado permite apreciar que los dos argumentos principales utilizados en contra de los FP carecen de fundamento.

Tal es la afirmación más socorrida en cuanto a que la Ley de Fideicomisos se ha elaborado para facilitar la transferencia de los bienes del Estado a manos privadas. El proyecto establece bien claro en su artículo cuarto que los bienes y servicios a ser ejecutados en el ámbito del fideicomiso son públicos y no transferibles por vía de dicha figura al sector privado.

La segunda objeción presentada al FP es que servirán para un endeudamiento descontrolado del Estado por la garantía pública extendida a los fideicomisos creados. Esta apreciación tiene a su vez tres líneas de control. La primera es la Cámara de Cuentas, llamada a ejercer funciones de control sobre los FP.

La segunda es el Ministerio de Hacienda quien tiene responsabilidad respecto al endeudamiento público. La tercera es el propio Congreso, el cual deberá aprobar los endeudamientos de los FP. En adición todas las compras y contrataciones deben hacerse de conformidad con la Ley 340-06 sobre esta materia.

El fideicomiso público es un instrumento que bien ejecutado resultará en un instrumento que servirá de apoyo al desarrollo y bienestar. Dejemos de satanizar su existencia y demos la oportunidad al presidente Abinader de mostrarnos su eficacia y transparencia.