Hace unas semanas nos preguntábamos en esta columna quién gobierna la inteligencia artificial (IA). El pasado 2 de noviembre, el Poder Ejecutivo dominicano dio un paso en esa dirección al emitir el Decreto 787-26, que aprueba el Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos de la República Dominicana. Su propósito es que las instituciones de la administración pública utilicen esta tecnología de manera responsable, segura, inclusiva y transparente. Ante este avance, cabe preguntarnos qué podemos aprender de él quienes también usamos la IA en las empresas, las universidades y otros ámbitos de la sociedad dominicana.
Ciertamente, la IA está cambiando nuestra manera de trabajar. Hoy podemos encomendarle tareas que ejecuta sin que una persona tenga que autorizar cada paso. Pensemos en un joven dominicano que solicita una beca del Estado. Un sistema puede revisar su expediente en segundos y recomendar que se rechace su solicitud porque su promedio académico figura con un valor equivocado. ¿Quién le explica a ese joven lo ocurrido? ¿Quién tiene la autoridad para corregir el error? El papa León XIV toca el fondo de esta cuestión cuando afirma, en el numeral 105 de su encíclica Magnifica Humanitas, que “es esencial que las responsabilidades estén claras en todas las etapas”.
Entendemos que uno de los mayores aciertos del Código está en su artículo 6, que exige identificar a la autoridad humana responsable de las decisiones apoyadas por IA. Para el joven que aspira a la beca, eso significa que puede pedir una explicación y solicitar que una persona revise su caso.
También una universidad que evalúa aspirantes o una empresa que selecciona candidatos a un empleo haría bien en adoptar ese criterio. Toda tecnología debe estar al servicio del bien común. Y eso empieza por algo muy concreto: que la persona afectada por una decisión sepa quién responde por ella.
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