Santo Domingo.– El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, afirmó que el Estado dominicano paga a sus proveedores en un promedio de 22 días, desde la presentación de la factura hasta el depósito de los recursos en sus cuentas bancarias.
Durante su participación en La Agenda Semanal con Luis Abinader, el funcionario sostuvo que la reducción de los tiempos de pago, la digitalización de las compras y el acceso público a la información han contribuido a generar mayor confianza en el sistema de contrataciones.
Explicó que anteriormente los proveedores podían esperar más de 100 días para cobrar, con plazos que alcanzaban los 120 y 150 días. Aclaró que los 22 días corresponden a un promedio general, por lo que pueden existir diferencias entre instituciones.
Pimentel destacó que la plataforma Infopago permite consultar los tiempos de respuesta de las entidades y conocer en qué etapa se encuentra un pago, lo que reduce la discrecionalidad en el acceso a esa información.
“Un proveedor, un ciudadano puede consultar en qué etapa se encuentra su pago en tiempo real”, expresó.
Más instituciones en el sistema
El funcionario informó que 740 instituciones utilizan el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas, frente a menos de 200 en 2020. Entre las incorporadas mencionó 200 gobiernos locales y más de 100 hospitales.
Recordó que, al inicio de la gestión, las autoridades encontraron deudas hospitalarias por alrededor de RD$3,500 millones, correspondientes a compras sin registros en el sistema.
Según lo expuesto, la deuda conjunta de los hospitales se sitúa actualmente por debajo de RD$250 millones. Durante la presentación se explicó que parte de esos compromisos corresponde a procesos de finales de año cuyos pagos quedan pendientes para el siguiente período.
Pimentel también destacó que más de 280 instituciones cuentan con una integración entre el sistema electrónico de contrataciones y el Sistema de Administración Financiera del Estado, que impide convocar procesos sin la apropiación presupuestaria correspondiente.
Sostuvo que esta conexión contribuye a evitar compromisos sin respaldo financiero, que en el pasado generaron lo que denominó una “deuda invisible”.
Mayor participación de proveedores
El director de Contrataciones Públicas indicó que el registro de proveedores ronda los 136,000, tras incorporar más de 35,000 en los últimos años, y aseguró que la participación en los procesos de contratación ha aumentado más de un 42 %.
Atribuyó ese crecimiento a una mayor confianza en el mercado público y a la disponibilidad de información sobre las adquisiciones de bienes, servicios y obras en formatos abiertos y en tiempo real.
Agregó que existe una mayor participación de las micro, pequeñas y medianas empresas, incluidas las lideradas por mujeres, así como una distribución más amplia de las compras en el territorio nacional.
Casos remitidos a la Procuraduría
En materia de control, Pimentel informó que la DGCP ha remitido más de 15 casos a la Procuraduría General de la República por indicios de irregularidades.
Consultado sobre los resultados de esas remisiones, señaló que algunos expedientes han derivado en imputaciones y procesos judiciales, mientras otros permanecen bajo investigación. No identificó los casos ni detalló sus resultados.
Aclaró que corresponde al Ministerio Público decidir cómo proceder y que la DGCP no conoce el estado de todos los expedientes, aunque atiende solicitudes frecuentes de información de los órganos investigadores.
El funcionario también aseguró que la institución responde a los recursos, solicitudes de investigación y medidas cautelares que recibe, con decisiones que pueden ordenar la reevaluación, suspensión o cancelación de procesos.
Más de 30,000 alertas preventivas
Pimentel informó que el sistema de monitoreo preventivo ha generado más de 30,000 alertas este año. Precisó que estas advertencias no equivalen a incumplimientos comprobados, sino que identifican aspectos que requieren revisión.
Sobre el posible fraccionamiento de compras para evadir una modalidad de contratación superior, explicó que el sistema detecta patrones y envía automáticamente una advertencia a la entidad contratante.
Señaló que cada situación debe analizarse para determinar si existe intención de eludir el procedimiento correspondiente, pues la realización de varios procesos de menor cuantía no demuestra por sí sola una irregularidad.
También mencionó EfiCompra, la tienda virtual del Estado para adquisiciones por debajo del umbral establecido, como una de las herramientas desarrolladas para facilitar esas compras.
Finalmente, destacó que la nueva Ley de Contrataciones contempla sanciones administrativas y penales para funcionarios y proveedores, incorpora mecanismos de monitoreo preventivo y oficiales de cumplimiento, y establece la obligación de remitir al Ministerio Público los casos en los que se identifiquen indicios de naturaleza penal.
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