“Estamos en una cultura penalista”: expertos dudan que nuevas penas del Código Penal frenen feminicidios
Santo Domingo.- La reducción de estos crímenes fue planteada por el abogado Edward Moya y el psicólogo Amaury Ramírez durante un debate sobre violencia contra la mujer.
La discusión se produce tras la entrada en vigor, el pasado 3 de agosto, de la Ley 74-25, que sustituyó el antiguo Código Penal de 1884.
La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, ha defendido la nueva legislación como una herramienta necesaria para enfrentar delitos que el anterior marco legal no contemplaba adecuadamente. En julio, advirtió que “el que tenemos, desde el año 1884, está obsoleto para tipificar crímenes del 2026”.
En materia de feminicidio, el artículo 93 del nuevo Código Penal lo reconoce como un delito autónomo y establece una pena de entre 30 y 40 años de prisión mayor para quien cause la muerte de una mujer por el hecho de ser mujer, independientemente de su edad, de que exista o no una relación de pareja con el agresor o del lugar donde ocurra el crimen.
El artículo 94 contempla además el feminicidio agravado, con una pena fija de 40 años cuando concurren determinadas circunstancias, entre ellas que la víctima sea una niña, adolescente, envejeciente o mujer con discapacidad, que el crimen ocurra frente a familiares o menores o que exista una relación de poder, laboral o sentimental entre víctima y victimario.
Para Moya, estas disposiciones representan un fortalecimiento de las herramientas con las que cuentan los tribunales y el Ministerio Público para perseguir estos casos.
“El Código Penal crea un fortalecimiento en la persecución del delito”, afirmó durante el programa radial “Esto No Tiene Nombre”.
Sin embargo, Ramírez consideró que la respuesta penal no ataca por sí misma las causas de la violencia.
“Colocar un artículo 93 del feminicidio no va a resolver la problemática”, sostuvo el psicólogo.
El especialista cuestionó que el país mantenga “una cultura penalista, una cultura de enjuiciamiento y no de trabajar la prevención”, y planteó que la violencia debe ser abordada desde factores psicológicos, sociales y familiares.
Ramírez también sostuvo que el Código Penal debe entenderse como una herramienta para actuar cuando el delito ya ocurrió, pero no como el mecanismo principal para evitar que suceda.
“Los códigos, las leyes se ponen como último eslabón de una consecuencia”, afirmó, al explicar que el juez interviene cuando el conflicto ya ha llegado a una instancia penal.
“Una miopía” en las políticas públicas
El psicólogo también cuestionó el enfoque con el que, a su juicio, se analiza la violencia contra las mujeres y reclamó ampliar la mirada sobre sus causas.
“Hay que quitarse la miopía que tienen las políticas públicas de la República Dominicana”, afirmó Ramírez.
Explicó que existe una “miopía de género que excluye la figura masculina como un agente de cambio social” y cuestionó que el fenómeno sea reducido exclusivamente al machismo y al patriarcado.
“Queremos resolver un problema complejo con las ideas de hace 100 años”, expresó.
Para Ramírez, factores como los celos patológicos, el consumo de alcohol y drogas, la dependencia emocional, la baja capacidad de autocontrol y las dificultades para manejar la frustración deben formar parte de las estrategias de prevención.
La preocupación por la prevención también ha sido expresada desde el Gobierno. En mayo, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, reconoció que los esfuerzos estatales no habían sido suficientes y admitió: “hemos avanzado, pero al mismo tiempo también hemos fallado como sistema para dar respuestas en materia preventiva y lograr que muchas mujeres sean salvadas”.
Sin embargo, en el debate, Moya planteó como alternativa la creación de un Ministerio Familiar o una estructura estatal que permita integrar Policía, Ministerio Público, psicólogos, personal de salud y jueces para intervenir ante situaciones de violencia antes de que estas desemboquen en un feminicidio.
Así, mientras el nuevo Código Penal refuerza la respuesta punitiva, los expertos plantean que el desafío está en desarrollar mecanismos capaces de actuar antes de que el caso llegue al último eslabón: el sistema penal.
Sobre el autor
Katherine Nicole Espino Cuevas. Periodista, locutora profesional y CMM. Máster en Comunicación Política Avanzada por Next Educación (Madrid). Amante de la escritura bien hecha, las historias con sentido humano y las causas sociales. Creo en la comunicación con propósito, en los valores y en la fe que transforma.
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