¿Cuántos niños desaparecidos en RD siguen sin aparecer y qué es lo último que se sabe de sus casos?
Santo Domingo.- Una supuesta lista de 18 niños desaparecidos en República Dominicana entre 2024 y 2026 que circula en redes sociales es falsa, pero el desmentido de las autoridades vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que permanece abierta: ¿cuántos menores siguen desaparecidos en el país y qué ha pasado con las investigaciones de sus casos?
La Policía Nacional informó este viernes que ninguno de los 18 nombres incluidos en la publicación viral corresponde a menores reportados como desaparecidos en República Dominicana. Tras verificar los nombres en sus registros y en medios de comunicación, la institución determinó que la información no coincide con casos reales registrados en el país.
Sin embargo, la propia Policía confirmó la existencia de seis casos reales de menores desaparecidos identificados entre 2022 y 2026.
De acuerdo con el vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, dos corresponden al período 2024-2026 y continúan bajo investigación y seguimiento de las autoridades: Roldani Nicolás Calderón, desaparecido en Manabao, La Vega, y Brianna Genao Rosario, desaparecida en Puerto Plata.
Los otros cuatro casos identificados corresponden a años anteriores: Fraynel Daniel Ciprián Montero y Ruth Esther Paredes Ramírez, de 2023, así como Luis Ángel González Méndez y Kendry Esmil, de 2022. La Policía los incluyó entre los casos reales detectados al ampliar la revisión a años anteriores, pero no afirmó que los cuatro continúen actualmente desaparecidos.
Roldani y Brianna, dos casos que siguen abiertos
Roldani Nicolás Calderón tenía tres años cuando desapareció el 30 de marzo de 2025, mientras se encontraba en el patio de una vivienda en la comunidad de Manabao, provincia La Vega.
Brianna Genao Rosario, también de tres años, desapareció el 31 de diciembre de 2025, mientras jugaba con otros niños en la comunidad de Barrero, municipio de Imbert, provincia Puerto Plata. Ambos casos permanecen bajo investigación, según la Policía Nacional.
La confirmación de que ambos expedientes continúan abiertos ocurre en un momento en que el país intenta modificar la forma en que responde ante las desapariciones.
Los casos de estos menores forman parte de una problemática mucho más amplia.
Datos oficiales de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), correspondientes al período entre 2018 y julio de 2026, indican que 4,171 personas fueron reportadas como desaparecidas en República Dominicana.
De ellas, 3,398 fueron localizadas con vida y 532 fueron encontradas fallecidas, mientras que 241 casos permanecen abiertos y las personas continúan sin ser localizadas.
La cifra incluye a personas de diferentes edades, por lo que los 241 casos no corresponden exclusivamente a menores.
En cuanto a niños, niñas y adolescentes, los registros muestran una dimensión particular del problema. Durante ese período fueron reportados 1,640 menores de edad como desaparecidos, de los cuales 1,439 tenían entre 12 y 17 años y 201 eran menores de 11 años. De estos últimos, 161 fueron encontrados con vida, 34 fallecidos y seis permanecían desaparecidos, según datos oficiales citados por medios nacionales.
Esto introduce un dato que ayuda a dimensionar el problema: la Policía confirma dos casos recientes de menores que continúan bajo investigación, mientras las estadísticas acumuladas hasta julio de 2026 registraban seis menores de 11 años aún desaparecidos.
El problema no se limita a las estadísticas.
Esta semana, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, presentó el “Diagnóstico Integral sobre Desapariciones No Voluntarias en República Dominicana”, un estudio que advierte sobre las fallas que enfrentan las familias durante la búsqueda de sus seres queridos.
Una de las principales conclusiones es que la carga de buscar a la persona desaparecida termina recayendo en gran medida sobre las propias familias, especialmente sobre las mujeres.
El diagnóstico fue elaborado a partir de revisión documental, análisis legislativo, entrevistas, grupos focales y una encuesta aplicada a 74 familiares de personas desaparecidas. Entre los problemas identificados figuran trabas burocráticas para denunciar y dar seguimiento a los casos, impactos económicos y emocionales y deficiencias en el acompañamiento psicosocial y judicial.
Ulloa ha insistido en que una desaparición no puede ser tratada únicamente como un expediente policial, debido a que compromete derechos fundamentales como la vida, la libertad y la integridad física y psicológica.
“Detrás de cada expediente hay una familia, y detrás de cada demora institucional, una angustia que se prolonga”, advirtió el Defensor del Pueblo.
Una alerta no significa que terminó la búsqueda
El país cuenta desde junio de este año con la Ley 25-26, Alertas RD, que establece mecanismos para activar de manera inmediata la búsqueda de personas desaparecidas y coordinar a las instituciones involucradas.
La norma contempla la difusión inmediata de las alertas y la coordinación electrónica para la búsqueda de menores, adultos mayores y personas en condición de vulnerabilidad.
Pero Ulloa ha advertido que la activación de una alerta no puede convertirse en el punto final de la respuesta estatal.
“Una alerta es el inicio de la búsqueda, no su conclusión”, sostuvo durante la presentación del diagnóstico.
El Defensor también cuestionó la idea, todavía extendida, de que las familias deben esperar 24 o 48 horas antes de reportar una desaparición. Explicó que el protocolo policial no exige ese período y llamó a actuar de inmediato, especialmente cuando se trata de niños y otras personas vulnerables.
Mientras las autoridades investigan el origen de la falsa lista de 18 menores que, según Pesqueira, habría sido creada preliminarmente en Nueva Jersey, Estados Unidos, los casos reales continúan planteando preguntas sobre la capacidad del Estado para mantener las búsquedas activas con el paso del tiempo.
La Policía asegura que mantiene activas las investigaciones de los casos reales y que continúa dando seguimiento a las diligencias para localizar a los desaparecidos.
El diagnóstico del Defensor del Pueblo, sin embargo, coloca el foco en lo que ocurre después: la coordinación entre instituciones, la investigación criminal, el trabajo forense, el acompañamiento a las familias y la capacidad de mantener una búsqueda activa hasta obtener respuestas.
Porque detrás de una cifra como 241 casos abiertos no hay solamente expedientes pendientes: hay familias que continúan esperando saber dónde están sus seres queridos.
Sobre el autor
Katherine Nicole Espino Cuevas. Periodista, locutora profesional y CMM. Máster en Comunicación Política Avanzada por Next Educación (Madrid). Amante de la escritura bien hecha, las historias con sentido humano y las causas sociales. Creo en la comunicación con propósito, en los valores y en la fe que transforma.
