Cuando alguien desaparece, la búsqueda recae sobre las familias: Defensor del Pueblo pide respuesta inmediata

  • Pablo Ulloa advierte carga de buscar a personas desaparecidas recae en las familias, en especial a las mujeres.-

El Defensor del Pueblo,  Pablo Ulloa.
El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa.

El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, presentó el “Diagnóstico Integral sobre Desapariciones No Voluntarias en República Dominicana”, un estudio multidimensional en el que advirtió que la responsabilidad de la búsqueda recae actualmente sobre las familias, en especial sobre las mujeres, por lo que exigió al Estado una respuesta coordinada e integral.

Asimismo, Ulloa instó a aplicar de forma efectiva la recién promulgada Ley 25-26 sobre Alertas RD.

“Este llamado de atención que hace el Defensor del Pueblo mediante un estudio, que implicó grupos focales, entrevistas a familiares y consultas institucionales, busca hacer comprender el vacío que deja una persona desaparecida. Los organismos de seguridad e inteligencia deben entender la importancia de actuar de manera inmediata”, afirmó Ulloa.

El funcionario saludó la presencia del director del Sistema 911 en la actividad, recordando que las primeras horas son vitales. Como ejemplo, relató una experiencia institucional: “El padre de una compañera, quien padece Alzheimer, desapareció. Realizamos un rastreo interno que nos permitió ubicarlo rápidamente en las inmediaciones”.

Respecto al mito de esperar dos días para reportar un caso, aclaró: “El protocolo de la Policía Nacional no exige esperar 48 horas para poner una denuncia. Eso ha sido una costumbre histórica infundada. La Dirección Central de Investigación de la Policía Nacional (DICRIM) debe mostrar mayor sensibilidad ante esta realidad, pues la mayoría de los casos son liderados por madres que salen a buscar a sus hijos”.

Diagnóstico sobre la problemática

El informe, presentado en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), combina revisión documental, análisis legislativo y una encuesta aplicada a 74 familiares. Entre los hallazgos destacan: Trabas burocráticas para denunciar y dar seguimiento a los casos, severos impactos económicos y emocionales en los hogares y deficiencias en el acompañamiento psicosocial y judicial.

Ulloa enfatizó que la desaparición de una persona compromete derechos fundamentales como la vida, la libertad y la integridad física. “Detrás de cada expediente hay una familia, y detrás de cada demora institucional, una angustia que se prolonga”, expresó.

Una respuesta integral: las familias no deben buscar solas

El Defensor del Pueblo sostuvo que el problema no puede abordarse solo como un asunto policial, sino que exige investigación criminal, gestión forense, salud mental y protección social.

Sobre la nueva Ley 25-26 sobre Alertas RD, advirtió que “una alerta es el inicio de la búsqueda, no su conclusión”.

Subrayó que el acompañamiento del Estado no debe cesar cuando se apagan los focos de los medios de comunicación.

El rol del 9-1-1 en las emergencias por desaparición

Por su parte, el director del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad (911), Randolfo Rijo, respaldó la iniciativa y reveló un dato clave: más del 60% de los reportes de personas desaparecidas que recibe el 911 se resuelven en menos de una hora.

Rijo coincidió en la necesidad de desmitificar los plazos de espera: “No hay que esperar 24 ni 48 horas. Puede llamar al 911 en cualquier momento, especialmente si se trata de grupos vulnerables como niños, adultos mayores con discapacidad cognitiva o mujeres en situación de violencia”.

Destacó que la interoperabilidad tecnológica entre el 911, la Policía Nacional y el Ministerio Público será determinante para el éxito operativo de la plataforma Alertas RD.

En el acto realizado en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), donde participaron Dalul Ordehi González, decana de Ciencias Sociales de la entidad educativa; Gustavo Alejandro Oliva Álvarez, investigador principal; Evelyn Abreu, presidenta de la Asociación de Familiares de Desaparecidos; Julio Valeirón; la diputada Liz Mieses, e Indiana Castillo, coordinadora de Alertas RD.

Sobre el autor

Teresa Casado

Periodista y abogada con amplia experiencia cubriendo la fuente de Justicia.