Especialista ve importación de 3 mil taxis amarillos es para alimentar clientelismo político

SANTO DOMINGO.-Un especialista en transporte urbano afirmó este domingo que con la importación de 3 mil taxis amarillos el alcalde del Distrito Nacional, Roberto Salcedo, y el gobierno central persisten en dar palos a ciegas en el sector, que continúa siendo un barril sin fondo para alimentar el clientelismo político y los intereses particulares.

Deligne Ascensión descartó que la importación de los llamados taxis amarillos represente solución alguna para la necesidad de dar a los usuarios del transporte público en el Distrito Nacional y en el resto del país un servicio eficiente, seguro y asequible a las posibilidades económicas de la mayoría de la población.

Ascensión, quien ha sido director de Transporte Urbano del Ayuntamiento del Distrito Nacional, y tiene estudios especializados en Brasil y otros países de gran flujo de pasajeros, exhortó al gobierno a centrar su atención en medios como los autobuses, el más adecuado para trasladar con seguridad y dignidad a los usuarios del transporte público.

Consideró también que la inversión de más de 30 mil millones de pesos, la obra pública más costosa en toda la historia nacional, en una línea de metro que no ha resuelto tampoco el grueso del problema del transporte público en le Capital, revela que en el gobierno no existe una visión clara sobre el sector, lo que lleva a las autoridades de fracaso en fracaso.

Expuso que lamentablemente para la población, las autoridades han preferido perder otra oportunidad para acometer con seriedad el problema e insistir en el derrotero de usarlo como un recurso de clientelismo político, que las lleva a privilegiar a grupos proclives al gobierno, en perjuicio del resto de los sectores que operan en el transporte.

Ascensión, quien es director de Transporte de la Unidad de Políticas Públicas del Partido Revolucionario Dominicano, condenó específicamente el hecho de que la importación de los 3 mil taxis amarillos se haya hecho sin licitación pública y dando lugar a una competencia desleal frente a las empresas importadoras del sector, mientras que el Estado dejará de percibir 866 millones de pesos.