Por: Fulgencio Severino
La sociedad dominicana está compuesta, en su mayoría, por trabajadores y trabajadoras asalariadas, empleados informales, profesionales independientes, pequeños comerciantes, microempresas, pequeñas y medianas empresas. Esa es la verdadera base productiva del país, la mayoría que sostiene la economía nacional con su trabajo diario, su esfuerzo y sus sacrificios.
Sin embargo, en el plano político, el poder real continúa concentrado en una minoría económica que controla los grandes intereses empresariales y ejerce una influencia determinante sobre los poderes del Estado dominicano. Los partidos tradicionales han servido históricamente como instrumentos de representación de esa élite económica, defendiendo sus privilegios y garantizando la continuidad de un modelo que profundiza la desigualdad.
Frente a ellos existen los sectores progresistas, de izquierda y las fuerzas sociales que dicen representar los intereses de las grandes mayorías: trabajadores, sectores populares, profesionales independientes, pequeños productores y emprendedores. En teoría, se trata de dos proyectos de país claramente distintos: uno orientado a proteger los intereses de una minoría privilegiada y otro llamado a defender las aspiraciones de justicia social de la mayoría.
Entonces surge una pregunta inevitable: ¿por qué esa mayoría sigue sin unificarse para desplazar del poder a la minoría gobernante?
La respuesta no es simple, pero una parte importante está en el terreno de la conciencia política y de la narrativa social.
La élite gobernante ha construido durante décadas un discurso poderoso: hacer creer que todos tienen las mismas oportunidades, que el sistema actual funciona para todos y que cualquier fracaso individual es responsabilidad exclusiva de cada persona. Se vende la ilusión de movilidad social mientras se perpetúan estructuras profundamente desiguales.
Esa narrativa no surge por casualidad. La élite cuenta con el control de grandes medios de comunicación, centros de pensamiento, espacios académicos, sectores empresariales y financiamiento político. Desde ahí moldean la opinión pública, determinan agendas y promueven candidaturas que responden a sus intereses.
Aunque el voto universal es un derecho democrático del pueblo, en la práctica muchas decisiones electorales están condicionadas por campañas millonarias que solo hacen visibles a los representantes del poder económico. Así, gran parte de la población termina votando en contra de sus propios intereses, apoyando proyectos que luego profundizan su pobreza, su exclusión y su falta de oportunidades.
Un ejemplo sencillo pero revelador ocurrió en un pasillo del Hospital Gautier, cuando una persona me abordó para hablar de política y afirmó con convicción que era simpatizante del PRM. Al preguntarle cuáles políticas concretas de ese partido habían beneficiado sus intereses personales o los del pueblo trabajador, no pudo responder.
Ese silencio no era casual; reflejaba una realidad profunda: la falta de conciencia política de una gran parte de la población explotada por el sistema.
Pero sería injusto responsabilizar únicamente al pueblo. La izquierda y los sectores progresistas también debemos hacer una autocrítica seria.
En muchos casos nos hemos convertido en una élite ideológica, distante de la gente, convencida de que hablar entre nosotros equivale a organizar al pueblo. Hemos abandonado nuestra tarea principal: formar conciencia política, conciencia de clase y organización popular.
El pueblo no necesita discursos vacíos ni dirigentes que solo aparecen en tiempos electorales. Necesita orientación, acompañamiento y una propuesta real de transformación.
Cuando sectores de izquierda hacen alianzas municipales, congresuales o nacionales con los partidos tradicionales, traicionan precisamente esa misión. No se puede combatir a la élite mientras se negocia con ella. No se puede hablar de cambio mientras se fortalece el mismo sistema que produce exclusión.
A esto se suman quienes se presentan como críticos del modelo liberal, pero terminan plenamente integrados al poder que decían combatir. Como dijo un viejo militante de izquierda: “Soy de izquierda con el corazón y de derecha con el estómago.”
Esa contradicción ha debilitado profundamente la confianza popular.
Hoy, el verdadero papel del militante comprometido no está en los salones cerrados ni en los debates estériles, sino en los barrios, en los campos, en los centros de trabajo, casa por casa y sector por sector, ayudando a las personas a comprender que su situación actual —sus bajos salarios, el alto costo de la vida, la precariedad de la salud, la crisis de la seguridad social, la mala calidad de la educación y la falta de oportunidades— no son accidentes ni mala suerte.
Son el resultado directo de políticas públicas diseñadas para beneficiar a una minoría económica y política que gobierna para sí misma.
Mientras esa mayoría no se convierta en poder político real, nada cambiará de fondo.
Por eso resulta inaceptable cualquier alianza con los partidos tradicionales. Ni a nivel municipal, ni congresual, ni presidencial. La tarea histórica es construir una verdadera alternativa de poder popular, independiente, coherente y comprometida con los intereses nacionales.
No se trata solo de ganar elecciones; se trata de cambiar la correlación de fuerzas del país.
Si no se logra esa unidad, continuaremos viendo cómo se profundiza la desigualdad, cómo los jóvenes pierden la esperanza, cómo los profesionales emigran, cómo los servicios públicos colapsan y cómo la riqueza nacional sigue concentrándose en pocas manos.
La República Dominicana necesita una mayoría organizada, consciente y decidida.
Hay que actuar con el corazón, pero también con el estómago; con convicción ideológica, pero también con compromiso real con la vida cotidiana del pueblo.
Solo así será posible derrotar a la élite gobernante y construir un país más justo, más digno y verdaderamente democrático.
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