Los ruidos provocados por los excesos de agentes policiales, o por la institución como cuerpo, suelen ser de un espectro amplio y duradero.

Los causados por la actuación de los fiscales o por su falta de actuación, no tanto, pero juntos tienden a ser dañinos.

Y esto es así porque tanto la Policía Nacional, como el Ministerio Público comprometen muchas veces con su actuación, o con su inactividad, la seguridad y la libertad del ciudadano.

Se puede comprender que sea más fácil mantener a los fiscales sin grandes ruidos, que a los policías. El nivel educativo de los primeros es, sin duda, una buena razón. La cantidad es otra.

No se debe olvidar que muchas veces actúan juntos, y que la presencia de un fiscal no conlleva para la gente ninguna garantía de seguridad, personal ni de sus bienes.

También parece entendible que si, por causa del comportamiento de los policías, o por hechos que les son atribuibles, hay descontento en la población, se deben evitar “disonancias” en un cuerpo afín como lo es el Ministerio Público. Esto es saludable.

Pero también es lo que debe evitar la magistrada Miriam Germán Brito: que el cuerpo bajo su responsabilidad sea causa de escándalo.

Parece innecesario decir que la población, en sentido general, confía en ella, pero igual lo es decir que no confía en los fiscales.

La incapacidad o la imposibilidad de probar un hecho del año 2019 puede ser un tecnicismo imposible de entender para la población, pero de todos modos ha hecho bien la procuradora general al ordenar una investigación, como lo ha hecho, de la desestimación del Ministerio Público por no poder probar la implantación de drogas en una peluquería de Villa Vásquez.

Para la población un vídeo es un hecho incontrovertible.