Santo Domingo.-El proceso de reforma constitucional de la Asamblea Nacional Revisora que dio paso a la reelección presidencial el sábado fue considerado como un “espectáculo en el que la población pudo verificar que ya no hay ningún tipo de prurito a las denuncias de compras de asambleístas”.
Así lo afirmó la directora de Participación Ciudadana, Rosalía Sosa, quien valoró el cuestionamiento hecho por Minou Tavárez Mirabal a sus colegas asambleístas, de sí se podían mirarse las caras tras ser parte de un acuerdo que, según ella, tiró por la borda el cumplir y hacer cumplir las leyes.
Al igual que otras entidades, Sosa calificó de ilegítima esa decisión porque a su entender no hay consenso del gran soberano, que es el pueblo.
El presidente en funciones del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Orlando Jorge Mera, aseguró que el proceso de reforma constitucional es un duro golpe a la democracia de la República Dominicana, y que “desenmascara a la clase política gobernante y al presidente Danilo Medina”.
Explicó que Medina, durante su carrera a la Presidencia, aseguró que no propiciaría la reelección, lo cual incumplió
De su lado, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción, (Adocco) adelantó en torno al tema que apoderará al procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, de una denuncia sobre los reiterados pronunciamientos de diputados de que funcionarios del Gobierno que promueven la modificación de la Constitución, para restablecer la repostulación del presidente Danilo Medina Sánchez, sobornaron a legisladores.
Critica al Ministerio Público
Julio César de la Rosa Tiburcio, coordinador general de Adocco, dijo que es penoso que luego de tantas denuncias de soborno sobre alegado uso de los recursos del Estado dominicano, el Ministerio Público haya sido indiferente a las declaraciones de los propios diputados sobre la reforma de la Constitución.
Aseguró que las autoridades judiciales deben actuar con solo el rumor público, y “en esta oportunidad no son rumores, sino acusaciones graves y contundentes, con el señalamiento de los responsables de tales prácticas que van en detrimento de la institucionalidad del país”.
