Entidades piden al presidente Fernández adoptar acciones para aplicar Ley de Compra y Contrataciones
SANTO DOMINGO.- Cinco organizaciones empresariales y de la sociedad civil solicitaron este miércoles la intervención directa del Presidente de la República para que adopte acciones contundentes que hagan posible la aplicación universal e integral de la Ley 340-06 de Compra y Contrataciones Públicas.
Participación Ciudadana, las Asociaciones de Jóvenes Empresarios, Industriales de Herrera, la Federación de Asociaciones Industriales y la Liga Dominicana de Agencias denunciaron que la Ley de Compras y Contrataciones Públicas no se está cumpliendo por parte de la mayoría de las entidades públicas.
Atribuyeron esta problemática a la falta de compromiso de los funcionarios y la ausencia de mecanismos adecuados de supervisión y de control de los órganos estatales correspondientes.
Indicaron que los Informes de Monitoreo del Observatorio a las Contrataciones Públicas en la República Dominicana, patrocinados por Acción Ciudadana, señalan que más del 40 por ciento de las instituciones del Estado no están cumpliendo con la Ley de Compra y Contrataciones Públicas, menos del 10% cumplen con los procesos de licitaciones, y una gran parte no publican todas las informaciones en las páginas web.
Javier Cabreja, director ejecutivo de Participación Ciudadana, indicó que además el Portal Compras Dominicanas es simplemente informativo, no permite manejar transacciones y solo presenta parte de las informaciones exigidas por la ley.
Este portal es poco funcional y no ofrece herramientas para el monitoreo y control de los procesos de compras y contrataciones, expresó Cabreja.
Consideran que hay poca voluntad política para cumplir con la normativa vigente, tras indicar que las leyes son para cumplirlas íntegramente, no para cumplirlas a medias, en dependencia de las conveniencias o criterios de los funcionarios intervinientes.
Las organizaciones hicieron varias sugerencias al presidente Leonel Fernández, entre las que está ordenar mediante circular a la Contraloría General de la República (CGR) no autorizar libramientos de pagos a proveedores cuyos contratos no hayan cumplido previamente con las disposiciones establecidas en la normativa de compras y contrataciones.
