Haití no es El Salvador. Y República Dominicana no es Haití.
La soberanía no se negocia, aunque la isla se comparta. Ni debe subordinarse a las ambiciones expedicionarias de liderazgos externos.
Este es el principio que el gobierno dominicano debe mantener ante la ofensiva militar del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, contra las bandas delictivas en territorio haitiano.
Esta intervención, justificada como el rescate de cuatro militares salvadoreños secuestrados, ha internacionalizado la «guerra contra las pandillas».
Quienes defienden la medida argumentan que el vacío de poder en Haití y el fracaso de las misiones multilaterales exigen una disuasión contundente para desarticular a grupos criminales que controlan más del 70% del territorio.
Sin embargo, analistas y defensores de los derechos humanos advierten sobre los altísimos riesgos de exportar este modelo a un país con un colapso institucional absoluto y profundas barreras lingüísticas y culturales.
A diferencia de las pandillas urbanas de El Salvador, las coaliciones haitianas como Viv Ansanm operan como verdaderas milicias armadas con fusiles de asalto y explosivos de alta potencia.
Las particularidades sociales, políticas y lingüísticas de Haití dificultan la réplica de estrategias domésticas, y una confrontación abierta en zonas densamente pobladas de Puerto Príncipe podría derivar en un recrudecimiento de la violencia y en crisis humanitarias adicionales.
El despliegue de las fuerzas especiales salvadoreñas se enfrenta a un entorno con profundas barreras lingüísticas y un histórico recelo social hacia las intervenciones extranjeras, lo que complica las tareas de inteligencia y de tácticas basadas en el control de vecindarios.
Validar con justificaciones de índole mística o religiosa operaciones de combate genera inquietud respecto al apego a los protocolos internacionales de guerra.
En este complejo escenario, aunque se descarta el combate directo, RD representa el único salvavidas operativo para la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) salvadoreña.
Las autoridades dominicanas deben garantizar el blindaje de la frontera para forzar a las células criminales a encarar la intervención o replegarse, aunque mantengan abierto el comercio regulado y la asistencia humanitaria para prevenir una hambruna generalizada en el territorio haitiano.
El desenlace de esta incursión pondrá a prueba si la audacia militar de Bukele basta para someter a un ecosistema criminal tan históricamente complejo, o si la realidad de la crisis internacional terminará imponiéndose a las pretensiones de exportar soluciones locales.
