Es, sin duda, alentadora la breve y cuidadosa presentación del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, en relación con el propósito del Ministerio Público de investigar el nivel y la cuantía de los miembros de ese cuerpo legislativo involucrados en el denominado Caso Falcón.
La Cámara de Diputados, de acuerdo con el documento leído por Pacheco ante la prensa, mantendrá su respeto absoluto a las funciones que la Constitución y las leyes confieren al Ministerio Público en este y en cualquier otro caso, aunque se vea envuelto algún legislador.
Esta es una oportuna intervención que no deja de ser, sin embargo, una buena declaración de intenciones.
La calidad moral de los legisladores no puede ser garantizada desde la primera de las curules de ninguno de los dos cuerpos que componen el Congreso Nacional.
Es un deber, no del presidente de la Cámara de Diputados ni del presidente del Senado, sino de cada legislador, cuidar la inmunidad que los protege, consagrada en la Constitución de la República, artículos 86 y 87, para guardar la función y la representación, no a la persona y la moral desgraciada con la que pueda haber sido elevado a tan importante puesto público.
Cuando la política dominicana era regida por líderes que tenían algún grado de autoridad sobre los partidos, también se reflejaba una cierta calidad de la representación, apoyada más en los fines que esperaban de diputados y senadores, que de las aspiraciones personales de estos.
Pero la realidad es otra, ya no es así. Cambió junto con el entramado de la política nacional y hoy todo es movido por el dinero, que es, sin duda, un lubricante abundante y peligroso cuando proviene del bajo mundo.
Si la política no es tratada por sus oficiantes con el cuidado debido, no está lejano el día en que los partidos tengan dueños capaces de convertir la vida pública en una gran pesadilla.
