Siempre será y debe analizarse y criticarse el discurso del Presidente. Se trata del primer mandatario de la nación, el que más responsabilidad tiene frente a nosotros.
Eso, en democracia, es tan bueno como obligatorio.
Con el mensaje del 27 de febrero, Danilo cumplió con el mandato constitucional de rendición de cuentas al acudir ante el Congreso Nacional, que, en su deber de fiscalización y control, debe aprobar o rechazar el estado de recaudación e inversión de las rentas presentado durante la primera legislatura ordinaria; y debe supervisar todas las políticas públicas que implemente el Gobierno y sus instituciones autónomas y descentralizadas (art. 93. a y f Constitución).
Igualmente, satisfizo el artículo 114 constitucional que obliga al Presidente de la República a rendir cuentas, anualmente, de la administración presupuestaria, financiera y de gestión del año anterior, según lo establece el artículo 128, numeral 2, literal f) de esta Constitución, acompañada de un mensaje explicativo de las proyecciones macroeconómicas y fiscales, los resultados económicos, financieros y sociales esperados y las principales prioridades que el Gobierno se propone ejecutar dentro de la Ley de Presupuesto General del Estado aprobada para el año en curso.
Efectivamente, integró un mensaje relativo a la gestión del año pasado, las proyecciones de política monetaria (inflación, ingresos de divisas, comportamiento de la banca, prioridades de políticas públicas de empleo y reducción de la pobreza); aumentos salariales en el sector público e incentivos para el primer empleo e implementación del programa Régimen Especial Único para las pymes.
Siempre se pedirá más o menos, según el interés del peticionante, lo cual es legítimo. Pero si se quieren más informaciones hay que acudir a las memorias de los ministerios depositadas por el Presidente y al Presupuesto del año en curso.
Y con ello exigir la correcta ejecución presupuestaria y mejores políticas públicas para atacar los males estructurales que se pueden advertir.
Podemos estar o no de acuerdo con la calidad de la inversión realizada y con las proyecciones económicas, fiscales –quizás el tema más ausente-, presupuestarias y sociales del Presidente; pero ahora le toca al Congreso Nacional aprobar o desaprobar su gestión, y a la población dar su visto bueno o su rechazo.
