El arroz dominicano se juega su futuro frente a la apertura comercial
- El cultivo genera más de 300,000 empleos directos e indirectos y recibe un fuerte respaldo estatal; el Gobierno sostiene que abrir completamente el mercado pondría en riesgo una actividad estratégica para la seguridad alimentaria
SANTO DOMINGO.- Detrás del arancel de 99 % con que República Dominicana protege su arroz de las importaciones fuera de cuota está en juego una actividad de la que dependen cientos de miles de empleos, productores, factorías y comunidades rurales, además del abastecimiento de uno de los alimentos de mayor consumo de los dominicanos.
Pero la controversia también plantea el dilema si después de dos décadas de transición contempladas en el DR-Cafta para prepararse para la apertura si el arroz dominicano puede competir sin una elevada protección arancelaria.
Ese es el dilema que subyace detrás de la decisión del Gobierno del presidente Luis Abinader de mantener prácticamente cerrado el mercado a importaciones masivas del cereal.
El Decreto 693-24 permite que 23,300 toneladas métricas de arroz procedentes de Estados Unidos entren al país libres de aranceles, pero aplica una tasa de 99 % a las cantidades que excedan ese volumen.
La medida permanecerá vigente hasta que el Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conassan) recomiende lo contrario.
Datos oficiales divulgados este año indican que el cultivo representa más del 20 % del valor bruto de la producción agropecuaria y genera más de 300,000 empleos directos e indirectos.
Estimaciones anteriores ofrecidas por el presidente Abinader situaban en más de 90,000 los empleos directos y en unos 320,000 los indirectos vinculados al sector, además de alrededor de 300 factorías procesadoras.
Esto significa que una eventual crisis arrocera tendría efectos que irían mucho más allá de los propietarios de las fincas.
La cadena comienza con productores y trabajadores agrícolas, pero se extiende a factorías, transportistas, comerciantes, suplidores de insumos, financistas y numerosas actividades económicas de las comunidades donde se produce el cereal.
El propio Gobierno ha señalado que el cultivo se desarrolla en 21 provincias.
De ahí que la administración de Abinader haya colocado el arroz dentro de su política de seguridad alimentaria y no simplemente como un producto que debe competir bajo las reglas tradicionales del mercado.
RD tiene arroz suficiente
La protección tampoco se produce en momentos de escasez. Por el contrario, el Ministerio de Agricultura asegura que República Dominicana dispone de capacidad suficiente para abastecer su mercado.
En abril, el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, informó que el país tenía almacenados más de cinco millones de quintales de arroz, sin contabilizar la producción correspondiente a la cosecha que se encontraba en proceso.
El funcionario llegó a definir a República Dominicana como el mayor productor de arroz de Centroamérica y el Caribe y sostuvo que el abastecimiento nacional estaba garantizado.
Para 2026, el Ministerio de Agricultura programó una producción superior a 14 millones de quintales para el conjunto de cereales, grupo ampliamente dominado por el arroz dentro de la agricultura nacional.
La producción agropecuaria general, además, alcanzó durante 2025 niveles que el Gobierno considera históricos, apoyados en procesos de mecanización, tecnificación y aumento de productividad.
La posición dominicana parte de que depender de arroz importado puede resultar más barato en determinadas circunstancias, pero también haría al país vulnerable a factores externos.
Una crisis internacional, problemas logísticos, aumentos de precios o restricciones impuestas por países productores podrían afectar el abastecimiento de un alimento básico.
Esa preocupación adquirió mayor relevancia después de las disrupciones internacionales provocadas por la pandemia y posteriormente por conflictos geopolíticos.
Por eso Abinader ha planteado la seguridad alimentaria como parte de la propia seguridad nacional.
Ya en 2023 había ordenado a una comisión integrada por los ministerios de Agricultura, Industria y Comercio y Relaciones Exteriores adoptar las medidas necesarias para proteger a los productores frente a la desgravación prevista en el DR-Cafta.
El Gobierno terminó haciendo efectiva esa posición con el Decreto 693-24.
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