Director de la Defensa Pública advierte que el nuevo Código Penal agravará el hacinamiento en las cárceles

Santo Domingo, RD.– El director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, advirtió que la entrada en vigencia del nuevo Código Penal podría profundizar el hacinamiento en las cárceles dominicanas debido a la incorporación de más de 70 nuevos tipos penales, sin que el sistema penitenciario ni las instituciones encargadas de la administración de justicia cuenten con la capacidad necesaria para responder al incremento de procesos judiciales.

Valentín sostuvo que la República Dominicana ya enfrenta una sobrepoblación penitenciaria cercana al 700 %, por lo que cuestionó si el Estado está preparado para asumir la avalancha de denuncias, querellas e imputaciones que, a su juicio, generará la nueva legislación.

Asimismo, señaló que la Defensa Pública enfrenta un déficit de aproximadamente 250 defensores públicos a nivel nacional, al indicar que muchos abogados de la institución manejan entre 300 y hasta 800 expedientes, situación que, según afirmó, podría agravarse con la implementación del nuevo Código Penal.

Durante una entrevista en el programa El Día de Telesistema, el funcionario defendió el papel de la institución en la protección de los derechos fundamentales de las personas sometidas a procesos judiciales.

"La libertad no se mendiga; es nuestro derecho al nacer. Pero hay momentos en la historia en que debemos arrebatársela a quienes la vulneran", expresó Valentín al explicar la filosofía que guía el trabajo de la Defensa Pública.

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El funcionario afirmó que la institución representa entre el 80 % y el 87 % de los casos penales que se conocen en el país, razón por la que considera un deber intervenir cuando se producen violaciones a derechos fundamentales, aun cuando algunas actuaciones excedan las funciones tradicionales de la entidad.

Critica el uso excesivo de la prisión preventiva

Durante la entrevista, Valentín cuestionó el uso recurrente de la prisión preventiva como medida cautelar, al sostener que la Constitución la establece como una excepción y no como la regla.

En ese sentido, hizo un llamado al Ministerio Público para que promueva con mayor frecuencia medidas alternativas y mecanismos de solución de conflictos, en lugar de solicitar prisión preventiva en la mayoría de los casos.

A juicio del director de la Defensa Pública, el uso indiscriminado de esa medida ha contribuido al hacinamiento existente tanto en los destacamentos policiales como en los centros penitenciarios del país.

Caso de hombre con trastornos mentales

Valentín también abordó el caso de un hombre con trastornos mentales que permaneció privado de libertad durante años sin recibir el tratamiento correspondiente.

Explicó que, conforme al Código Penal y al Código Procesal Penal, las personas declaradas inimputables por enajenación mental deben ser sometidas a un procedimiento especial que concluya con una medida de seguridad y no con una condena penal.

Sin embargo, afirmó que en ese caso el tribunal rechazó una solicitud conjunta de la defensa y del Ministerio Público para imponer esa medida y decidió esperar una eventual recuperación mental del imputado, situación que provocó que permaneciera durante años encarcelado sin recibir atención especializada.

El director de la Defensa Pública estimó que actualmente existen alrededor de 500 privados de libertad con enfermedades mentales, lo que evidencia, según dijo, la falta de infraestructura adecuada para atender esta población.

Cuestiona aumento de penas

Respecto a la reforma penal, Valentín aseguró que aumentar las penas no constituye una solución efectiva para reducir la criminalidad.

Sostuvo que ningún estudio demuestra que el endurecimiento de las sanciones disuada a las personas de cometer delitos y calificó como un error centrar el debate únicamente en el incremento de las condenas.