Cuando en la actualidad se habla de la reforma fiscal de 1992 se suele hacer con una alta carga de elogios y los que sobreviven al proceso se refieren al mismo con gran orgullo.
Dicen que ha sido la última reforma verdadera que se ha implementado en el país, que todo lo demás ha sido parches.
Y probablemente todos tengan razón, pero quizás no está de más recordar que en ese momento el Gobierno fue sometido a fuertes críticas y que tuvo que enfrentar enorme resistencia.
Cambiar la estructura fiscal dominicana se hacía impostergable porque era la época en que estaban avanzando los acuerdos de libre comercio y por tanto los ingresos aduanales, que en esa época eran los más importantes, se iban a reducir. Por tanto, había que poner más carga a los impuestos internos.
También hay que recordar la gran agitación política del momento, pues el país acababa de salir de la crisis post electoral de 1990 y se adentraba a una fuerte campaña con miras a las elecciones de 1994, ambos procesos muy cuestionados por la oposición.
Esa reforma fue posible, en gran medida, por el diálogo tripartito en el que tenían una pata del trípode representantes del Gobierno, del sector empresarial y del sector sindical, bajo la coordinación de un monseñor Agripino Núñez Collado en representación de una influyente iglesia católica que tenía como figura principal al cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez.
Hoy la motivación para hablar de una nueva reforma fiscal integral es diferente a la anterior, igual que la catadura del liderazgo social.
Lo primero que demos tener claro es si realmente hace falta una reforma fiscal; segundo, para qué querríamos esa reforma y definir objetivos.
Tercero, generar un diálogo con las partes que pagan impuestos y los que recaudan y que la parte política siga en lo suyo cumpliendo su rol y con sus métodos. Y finalmente, tomar una decisión sabiendo que en ninguna circunstancia habrá ovación de pie.
La democracia necesita del diálogo, búsqueda de consenso y la toma de decisiones. Las reformas también.
