SANTO DOMINGO.- El abogado de la Corporación Aeroportuaria del Este depositó este lunes una instancia ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitando conocer el status de dos denuncias que pesan contra 17 exfuncionarios por haber violado varias leyes durante la aprobación del Aeropuerto Internacional de Bávaro.
“Estamos solicitando a la PEPCA conocer el estatus actual de las dos denuncias depositadas hace ya casi un año contra esas 17 personas por la comisión de múltiples actos irregulares sancionados por las leyes durante el proceso de aprobación del Aeropuerto Internacional de Bávaro. También, hacemos la petición al Ministerio Público de avanzar con la fase de la investigación penal para que por fin este país conozca con pruebas contundentes todo lo que se movió detrás de esa aprobación”, manifestó el jurista Miguel Valerio.
Tras hacer el depósito de la referida instancia en la sede de la Pepca, Valerio indicó que hubo una cadena de irregularidades a lo largo de todo el proceso de aprobación de esa obra que fue otorgada “grado a grado”, sin una licitación, incumpliendo múltiples normativas legales, con el único propósito de beneficiar a un determinado grupo económico.
“La aprobación de ese aeropuerto por parte de las pasadas autoridades es sencillamente injustificable a la luz de las leyes, y lo que presumimos y es muy obvio es que hubo corrupción por parte de varios funcionarios del pasado gobierno. Y se le debe explicar a este país por qué se le dio al Grupo Abrisa esa obra de grado a grado, cuando la Ley de Compras y Contrataciones Públicas y también la Ley de Alianzas Público Privadas dicen claramente cómo son los proyectos de iniciativas privadas que son referentes a servicios públicos, y ahí se hizo todo lo contrario”, expuso Miguel Valerio.
El experto en derecho aseguró que, por la debida prudencia, el pasado gobierno encabezado por el presidente Danilo Medina no debió promulgar el decreto 270-20 en el período de transición, faltándole tan solo 23 días para salir del poder, comprometiendo a futuro y, por más de una década, los recursos del Estado.
El jurista explicó que la primera distorsión en todo el entramado de irregularidades se cometió en la Comisión Aeroportuaria cuando se aprobó mediante resolución 6796 del 23 de enero de 2020 una “no objeción” sin tener las competencias debidas para el desarrollo, construcción, operación y explotación económica del proyecto Aeropuerto Internacional de Bávaro.
¨Y posteriormente, cuando el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), emitió un informe en un tiempo récord de solo tres días basado en informaciones parcializadas de la parte interesada, sin realizar estudios técnicos correspondientes requeridos por la ley, así como por la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI)¨, dijo.
