Un juez de la Oficina de Atención Permanente de San Cristóbal impuso medidas de coerción a Ángel Gabriel Capellán, (“El Pastor”), e Isaías Ramón Muñoz Rodríguez, imputados por los delitos de trata de personas, maltrato físico y psicológico, y trabajo forzoso en perjuicio de 14 menores de edad.
El magistrado dictó tres meses de prisión preventiva contra Ángel Gabriel Capellán “El Pastor”, quien fue enviado al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres, en San Cristóbal.
En tanto, a Isaías Ramón Muñoz Rodríguez le impuso el pago de una garantía económica de 20 mil pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país.
El tribunal adoptó su decisión tras acoger de manera parcial la solicitud del Ministerio Público, que pedía tres meses de prisión preventiva para ambos imputados, aunque el magistrado solo otorgó la medida privativa de libertad a "El Pastor".
El Ministerio Público sustentó la solicitud de medida de coerción con 40 elementos de prueba que vinculan a los imputados con hechos de trata de personas con fines de explotación laboral, así como presuntos maltratos físicos y psicológicos contra los 14 menores.
Entre las evidencias figuran las declaraciones de los menores rescatados de la Fundación Restaurando Vida (Un Muerto que Revive). Estas declaraciones fueron recabadas mediante Cámara Gesell como anticipo de pruebas dentro de las diligencias judiciales del caso.
A la salida de la audiencia, el jurista Manuel Soto, abogado defensor de Ángel Gabriel Capellán (“El Pastor”), afirmó que apelará la decisión alegando que su representado es inocente de los hechos imputados por el órgano acusador. Agregó que solo espera la notificación de la resolución para interponer el recurso de apelación.
Fundación funcionaba sin autorización para acoger menores
A Ángel Gabriel Capellán, quien dirigía la Fundación Restaurando Vida, se le atribuye además haber incumplido las disposiciones legales relacionadas con la inscripción y funcionamiento de programas destinados a la atención de niños, niñas y adolescentes, conforme a las normas de protección a la niñez en la República Dominicana, de acuerdo con la solicitud del Ministerio Público.
La Fundación Restaurando Vida (Un Muerto que Revive) está ubicada en el municipio de Bajos de Haina, provincia San Cristóbal.
Según la solicitud del órgano acusador, la entidad operaba en un espacio donde también cohabitaban personas en condiciones de vulnerabilidad, tanto de sexo femenino como masculino.
El expediente citado por el Ministerio Público indica que la entidad no contaba con la autorización correspondiente para funcionar como hogar de acogida para menores de edad. Por esta razón, las autoridades cuestionan la captación de fondos, donaciones y la recepción de niños y adolescentes en el lugar.
Investigación inició tras la denuncia de un menor
Las autoridades iniciaron las investigaciones luego de que un menor de edad escapara del lugar y acudiera a un destacamento policial para denunciar los presuntos maltratos y trabajos forzados a los que era sometido.
A partir de dicha denuncia, se realizaron allanamientos en la zona y se logró el rescate de los menores que permanecían en la fundación, procediéndose posteriormente a la detención de Ángel Gabriel Capellán e Isaías Ramón Muñoz Rodríguez.
A una de las víctimas denunciantes se le practicó una evaluación médico-legal que concluyó que presentaba múltiples lesiones en distintas partes del cuerpo (rostro, extremidades superiores e inferiores, dorso y espalda), además de quemaduras de segundo grado en proceso de cicatrización en el dorso de ambas manos.
Asimismo, la evaluación de una psicóloga forense determinó que el menor no asistía a la escuela y que presuntamente era obligado a realizar labores de carpintería para la construcción de una vivienda. El informe pericial estableció también que el menor habría sido víctima de constante maltrato físico y castigos severos.
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