Las palabras pertenecen al futbolista brasileño del Real Madrid Vinícius Júnior tras el partido del pasado domingo entre su equipo y el conjunto de Valencia, donde el jugador de 22 años intentó llamar la atención del árbitro sobre los insultos racistas que recibía de la hinchada local.
Más tarde, Vinícius subió a sus redes sociales imágenes de otras agresiones racistas que ha recibido en distintos estadios españoles en los últimos dos años.
La primera reacción del presidente de la liga de fútbol española, Javier Tebas, fue crítica hacia el jugador: «Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer @LaLiga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a @LaLiga, es necesario que te informes adecuadamente».
Pero después dijo que no pretendía atacar a Vinícius y pidió disculpas si no se entendió su intención, «especialmente en Brasil».
El debate ha saltado más allá del fútbol y llegó incluso a la reunión del G7 en Hiroshima, donde el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que no se puede permitir que «el fascismo y el racismo» dominen en los estadios de fútbol.
A partir de esta polémica, muchas personas han denunciado en las redes sociales o en los medios de comunicación su experiencia como migrantes o personas que no son blancas en España, una retahíla de pequeñas y grandes discriminaciones y agresiones, a menudo cotidianas.
¿Reflejan los insultos de una hinchada de fútbol el clima imperante en un país? ¿Es posible determinar si un país es racista? Estos interrogantes no tienen una respuesta sencilla, sobre todo si no existe información precisa sobre este fenómeno social.
A diferencia de países como Reino Unido, donde el Estado recoge una información detallada del origen étnico o racial de sus habitantes con motivos estadísticos y para fomentar la diversidad, en España esto no ocurre.
Existen muy pocos datos fiables sobre la diversidad racial del país, y muy pocas encuestas actualizadas que recojan de forma global las actitudes o el pensar de su gente.
Sí se lleva un recuento de las denuncias por delitos de odio y, entre ellos, los relacionados con el racismo y la xenofobia. En 2021, por ejemplo, el Ministerio del Interior recogió 638 hechos de racismo, un 24% más de los que se denunciaron en 2019, antes de la pandemia.
Sin embargo, solo el 12,8% de las personas que han experimentado una situación discriminatoria por motivos raciales o étnicos presentó alguna queja, denuncia o reclamación, según el estudio «Percepción de la discriminación por origen racial o étnico por parte de sus potenciales víctimas en 2020» elaborado por el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (Cedre), que depende del Ministerio de Igualdad.
Las víctimas no denuncian porque consideran que no va a servir para nada, porque desconocen sus derechos o por miedo a que pueda generarles problemas. Una de cada cuatro, según el estudio, tampoco lo hace porque minimiza o incluso justifica esa situación de discriminación.
«Dicen que el racismo en España ya no está normalizado como antes porque hay personas, gobiernos, instituciones conscientes que lo denuncian. Pero hasta quienes lo sufrimos lo normalizamos. Nos endurecemos para que la próxima vez ya no duela tanto, pero siempre hay una próxima vez que duele», escribía esta semana en una columna de opinión en el diario Público la escritora peruana Gabriela Wiener, que reside en España desde hace años y que describía una agresión racial que había sufrido recientemente en una reunión social.
Sukaina Fares, que trabaja en una inmobiliaria, le cuenta a BBC Mundo que, por ejemplo, uno de cada tres pisos que le llegan para alquilar viene con un «filtro racista». Muchos de los propietarios no quieren inmigrantes o personas que no sean blancas. Recientemente, un propietario se echó atrás el día de la firma porque, aunque lo había acordado previamente por teléfono con la potencial inquilina, doctora y madre soltera, «al llegar el momento de firmar, vio que era negra y no quiso».
«Y no es solo el alquiler. Hay mucho racismo en los bancos con las hipotecas. Los inmigrantes lo tienen mucho más difícil», denuncia Fares.
El racismo sufrido por Vinícius, por Wiener, o lo que cuenta Fares no es nuevo.
El futbolista camerunés Pierre Weibó, que jugó con Osasuna, Mallorca y Leganés, recordaba esta semana en una entrevista con el medio deportivo Relevo lo duro que fue, por ejemplo, la pregunta que le hizo su hijo a principios de los años 2000: «Papá, ¿por qué cuando tocas la pelota la gente te hace esos ruidos?».
Las cuestión, explica a BBC Mundo David Moscoso Sánchez, profesor de Sociología de la Universidad de Córdoba, va más allá del fútbol.
«En general, se está produciendo en España una difusión y una normalización de ciertos valores racistas que parecía que habían desaparecido y que están encontrando en el espacio del fútbol un lugar idóneo», señala por teléfono.
Los estadios de fútbol, en su opinión, «parece que estuvieran blindados a la aplicación de las normas, no ya de cortesía social, convención social y convivencia, sino incluso las normas legales. En el estadio de fútbol la gente puede hacer lo que quiera: insulta al árbitro, a los jugadores… y no pasa absolutamente nada nunca. Es un espacio de expresión libre de estos valores».
El problema, añade Moscoso, no viene derivado del deporte, sino «de un caldo de cultivo ideológico alimentado por la extrema derecha en los últimos años, que se plasma en un odio intolerable hacia los extranjeros, los inmigrantes o quienes tienen un color de piel diferente».
Cuando los líderes políticos de determinados grupos transmiten valores racistas, advierte el investigador, «abren la puerta a que se produzca un cierto reconocimiento o aceptación social de esos discursos».
Actualmente «vivimos un retroceso», según reconoció Antumi Toasijé, presidente de Cedre, a BBC News Brasil.
«El racismo tiene una larga tradición en España», asegura Toasijé y, «a medida que la extrema derecha gana terreno, se crean todos los elementos para el crecimiento exponencial del racismo en nuestra sociedad, y en cualquier momento podría haber una explosión», advierte.
Redes sociales y jóvenes
Como en muchos otros países también, este caldo de cultivo se ha multiplicado con la aparición de las redes sociales.
España no es un país racista, explica a BBC Mundo la periodista y consultora de comunicación Carmela Ríos, «pero sí es un país donde empezamos a ver en la superficie una gran parte de los discursos de odio que han corrido por las redes sociales desde hace al menos cinco años, y cada vez con mayor impunidad».
Aunque las grandes tecnológicas como Meta o Google aseguran esforzarse por moderar esos contenidos de odio y desinformación -«menos Twitter, donde ya no hay moderación y donde el odio corre como la espuma», sostiene Ríos-, no es suficiente.
«No todos los españoles son racistas, pero hay un ensamblaje social y tecnológico lo suficientemente potente y poco vigilado como para que eso suceda», añade.
Ríos, que lleva años analizando las redes sociales, destaca la edad de los detenidos en el caso de los insultos racistas a Vinícius: «son todos jovencísimos, llama la atención. Y esto es una de las demostraciones de cómo el discurso del odio dentro de determinados colectivos es una tendencia socialmente aceptable, que además se retroalimenta en los canales propios de comunicación de determinadas comunidades, como por ejemplo los grupos ultras del fútbol».
Precisamente, un estudio de noviembre de 2022 de percepciones sobre jóvenes y racismo del Centro Reina Sofía sobre adolescencia y juventud (que entrevistó a 1.200 jóvenes de 15 a 29 años) concluía que, aunque la mayoría de los encuestados contaban con opiniones alejadas de estereotipos y prejuicios racistas, uno de cada cuatro jóvenes entrevistados sí que estaba de acuerdo con afirmaciones racistas.
Los medios de comunicación también contribuyen a esta percepción.
Uno de los ámbitos más estudiados es el del antigitanismo, muy arraigado en España.
Según los sucesivos estudios llevados a cabo por el Instituto Romanò para Estudios Sociales y Culturales, los medios de comunicación han contribuido de manera tanto consciente como inconsciente a extenderlo, perpetuando estereotipos o insistiendo en cierto lenguaje («clan», «patriarca», «reyerta»…) para describir a las comunidades gitanas.
Aunque sobre racismo no existen demasiadas estadísticas, sí se han estudiado más las percepciones sobre la inmigración que, aunque solo dan una visión parcial de la discriminación racial en España, sirven para orientar sobre una tendencia.
Según la encuesta «Explicando actitudes sosegadas ante los inmigrantes en España», elaborada por el Instituto de Estudios Sociales Avanzados del CSIC en otoño de 2020, una quinta parte de los españoles sentía antipatía hacia los inmigrantes en su conjunto.
Esta proporción se elevaba hasta uno de cada tres en el caso de los magrebíes, mientras que los latinoamericanos tenían un nivel de simpatía mucho más alto. El estudio entrevistó a 2.344 personas de nacionalidad española.
España, explica a BBC Mundo Sebastian Rinken, investigador principal del estudio del CSIC, ha vivido un auge migratorio muy importante en los últimos años y, pese a ello, «la digestión colectiva de este cambio demográfico ha sido muy tranquila, en general se convive en los barrios y los niños comparten centros educativos sin ningún problema, por ejemplo».
«En la sociedad española, si vemos el cambio que ha habido de los años 90 para acá, sobre todo durante la gran bonanza, no ha habido conflictividad social alrededor del tema de la diversidad, prácticamente ninguna», sostiene Rinken.
Es la experiencia también de Zoubida Boughaba, que trabaja con colectivos de mujeres y que llegó a España hace más de 30 años. «Hay gente racista, está claro, es algo universal, pero yo no siento racismo en mi día a día. Tiendo a pensar que es clasismo, ignorancia o miedo al otro», explica a BBC Mundo.
Qué dice la legislación
La legislación española reconoce el derecho a la igualdad ante la ley y a la no discriminación, amparado tanto por la Constitución de 1978 como por diversas normativas nacionales y autonómicas específicas para el deporte, la educación, el empleo o la libertad religiosa, así como disposiciones específicas en el Código Penal para los delitos de odio.
En 2022 se aprobó, sin embargo, una ley específica para luchar contra este tipo de discriminaciones, la «Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación», también conocida en España como «Ley Zerolo», en honor al diputado y activista por los derechos LGTB Pedro Zerolo, que fue su principal promotor cuando se presentó en 2008.
La ley, que recoge sanciones que van de los 300 a los 500.000 euros, establece que nadie podrá ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo o religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad, estado de salud, situación socioeconómica o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
El Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial (Cedre) cuenta con un teléfono gratuito (021) para atender a las personas que hayan sufrido racismo o conozcan situaciones de discriminación racial.
Las consultas también se pueden hacer por WhatsApp, correo electrónico o en persona en alguna de las 23 oficinas que existen en distintos puntos de España.
El servicio proporciona asesoramiento jurídico gratuito, información a las víctimas sobre los recursos públicos existentes o, por ejemplo, resolución de conflictos, si las partes lo desean, con mediación.
Sin embargo, desde el Ministerio de Igualdad creen que la legislación actual no es suficiente, por eso quieren aprobar cuanto antes la Ley contra el Racismo, explican desde el ministerio a BBC Mundo.
Esta propuesta, de la que solo existe un borrador pero que aún no se ha convertido en proyecto de ley ni ha llegado al Consejo de Ministros, busca, entre otras cosas, luchar contra los discursos de odio en los medios de comunicación y las redes sociales, establecer protocolos contra el acoso racista en los centros educativos o que las empresas de más de 250 trabajadores deban elaborar planes contra el racismo.
En el ámbito deportivo sí existe una ley específica de 2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. También un organismo estatal: la «Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte».
Sin embargo, según explica David Moscoso, «una cosa es que exista el aparataje legislativo y otra cosa es que se aplique y que se haga de manera efectiva».
En el caso de Vinícius Júnior, por ejemplo, «se habían presentado 10 denuncias en dos años, pero han quedado en nada, igual que en otras situaciones similares. Y la tendencia en algunos casos es echarle la culpa al jugador, diciéndole que provoca mucho. Es como si violan a una mujer y se le echa la culpa a ella. Aquí hay un problema más grave», añade el sociólogo de la Universidad de Córdoba.
