*Por Anny Guzmán
¿Puede detenerse la justicia para exigir justicia? La pregunta, que hasta hace poco parecía ajena a la cultura institucional del Poder Judicial dominicano, hoy comienza a tomar forma ante el anuncio de un paro nacional convocado por jueces, juezas y servidores judiciales que reclaman mejores condiciones laborales, reajuste salarial, transparencia en la carrera judicial y la correcta aplicación de los mecanismos de ascenso y evaluación.
Más allá de las posiciones que pueda generar la convocatoria, el conflicto obliga a mirar un problema más profundo: ¿qué ocurre cuando quienes administran justicia comienzan a sentir que el propio sistema dejó de responderles?
El debate no parece limitarse únicamente a salarios. Las demandas planteadas revelan inconformidades acumuladas relacionadas con movilidad dentro de la carrera judicial, desigualdades salariales entre jueces de igual jerarquía, retrasos en la aplicación de escalas previamente aprobadas y cuestionamientos sobre los mecanismos de evaluación y ascenso. En otras palabras, lo que aflora no es sólo una inconformidad económica, sino una discusión sobre confianza institucional, previsibilidad y dignificación de la función judicial.
Y ese punto es particularmente sensible. La independencia judicial suele analizarse desde la Constitución, desde las garantías formales o desde la separación de poderes. Sin embargo, pocas veces se discute que también depende de factores materiales e institucionales: estabilidad, condiciones de trabajo, transparencia interna y confianza en las reglas que rigen la carrera judicial.
No es casual que, en distintos países, los paros judiciales hayan surgido precisamente en contextos de deterioro institucional acumulado. En España, jueces y fiscales realizaron huelgas y jornadas de protesta en 2009, 2018 y nuevamente en 2025, vinculadas a reformas judiciales, sobrecarga laboral y reclamos relacionados con independencia y condiciones de trabajo. En México, el conflicto judicial generado en torno a la reforma impulsada en 2024 abrió un intenso debate sobre autonomía judicial, estabilidad institucional y carrera judicial. Colombia, por su parte, ha experimentado múltiples paros judiciales desde 2008 y en años posteriores como 2012, 2013, 2014, 2016 y 2018, asociados a congestión, precarización y crisis estructural del sistema de justicia.
La experiencia comparada demuestra que este tipo de conflictos rara vez aparecen de manera espontánea. Son el resultado de reclamos prolongados que durante años no fueron escuchados o no encontraron respuesta efectiva.
Sin embargo, el tema también plantea una tensión constitucional ineludible: el derecho al reclamo frente al deber de garantizar un servicio esencial para la ciudadanía. Porque la eventual paralización de audiencias impactaría directamente procesos penales, medidas de coerción, asuntos de familia, violencia de género, pensiones alimentarias y casos vinculados a niños, niñas y adolescentes.
Ahí reside la complejidad del problema. No se trata simplemente de respaldar o rechazar un paro judicial. Se trata de comprender que cuando un sistema encargado de garantizar derechos comienza a mostrar señales internas de deterioro, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional.
Una justicia debilitada termina debilitando también la confianza ciudadana. Y los conflictos institucionales prolongados rara vez desaparecen por silencio; generalmente se acumulan hasta hacerse visibles. Por eso, el problema no puede abordarse únicamente desde la confrontación o la descalificación del reclamo, sino desde la capacidad del sistema de escuchar, corregir y fortalecer sus mecanismos internos.
El Poder Judicial, como institución no debería esperar a que esta crisis se profundice para abrir una discusión seria sobre la estabilidad y dignificación de la carrera judicial. Porque cuando incluso quienes administran justicia comienzan a experimentar desmotivación y agotamiento.
