La estrategia de la actual gestión pública es construir una convivencia ciudadana basada en relaciones de paz.
Un propósito general que contiene acciones y resultados inmediatos, paulatinos, en el que asumimos que la responsabilidad fundamental corresponde al Estado, pero donde no se omite la indispensable participación de la sociedad civil, las comunidades y los actores locales.
El reclamo de esta participación es un factor positivo en las actuales circunstancias, porque revela que existe un capital social necesario para la estrategia que se ha concebido.
Pero el conjunto de ideas que se ha comenzado a poner en marcha prevé la discusión, armonización de visiones y concertación de la estrategia, un proceso de generación de consenso y compromisos que producirá, en breve plazo, el marco de acuerdos generales alrededor de las acciones y metas para producir seguridad ciudadana.
Se trata de desarrollar las capacidades de nuestra sociedad para una mayor gobernabilidad democrática.
Eso implica, entre otros resultados establecer relaciones de confianza entre la institucionalidad pública y la ciudadanía.
Uno de los factores que afectan la seguridad ciudadana es la escasa, nula o contradictoria presencia de la institucionalidad pública en la cotidianidad de la convivencia social de los dominicanos y dominicanas.
Necesitamos revertir ese déficit; que las instituciones -que en los hechos son un conjunto de normas, procedimientos, estructuras y actuaciones- estén en la mente, el comportamiento colectivo y las actitudes de la gente en sentido general; acompañando a esta nueva costumbre de la actuación coordinada de las entidades del gobierno central y los gobiernos locales en políticas públicas, servicios sociales y redes de atención y protección que fundamenten la pertenencia colectiva a una sociedad y un proyecto de nación.
A través de este proceso, complejo y multifactorial, de construir un sentido de pertenencia y respeto al Estado y a sus instituciones, entonces podremos ir desarrollando una cultura más eficaz de resolución de conflictos, prevención del riesgo social y personal, erradicación de la violencia intrafamiliar y de género y de tratamiento del problema del consumo de drogas como una cuestión de salud pública.
La agenda es larga, tiene muchos retos, pero solo asumiéndolos podremos salir airosos, con soluciones integrales, duraderas y satisfactorias para cada habitante de la República Dominicana.
