Santo Domingo.-La nueva composición de la Suprema Corte de Justicia reúne a profesionales con trayectorias diversas en el sistema judicial dominicano, entre los seleccionados hay jueces con décadas de experiencia en distintas jurisdicciones, así como una abogada que ha desarrollado su carrera en el ejercicio privado, la docencia y el arbitraje.
El grupo estará encabezado por Justiniano Montero Montero, designado presidente del máximo tribunal por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), e integrado además por Ylona María de la Rocha Camilo, Diomede Ydelfo Villalona Guerrero, Amauri Antonio Pimentel Fabián, Arelis Socorro Ricourt Gómez, Antonia Josefina Grullón Blandino y Julio César Emilio Canó Alfau.
Sus perfiles profesionales muestran experiencias en áreas como derecho civil y comercial, penal, administrativo, judicial y protección de niños, niñas y adolescentes.
A continuación, un repaso por la formación académica y el recorrido profesional de cada uno.
Justiniano Montero Montero, presidente de la Suprema Corte de Justicia

Montero Montero cuenta con una trayectoria de varias décadas en el sistema judicial dominicano. Se incorporó a la judicatura en 1998 y, antes de ser designado juez de la Suprema Corte de Justicia en abril de 2019, ocupó diferentes posiciones en la jurisdicción civil y comercial y en la administración de la carrera judicial.
Es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). También cursó una maestría en Sociedad Democrática, Estado y Derecho en la Universidad del País Vasco y otra en Derecho Administrativo y Gestión Municipal en la Universidad de Castilla-La Mancha. Su preparación incluye estudios especializados en derecho constitucional y judicial.
A lo largo de su carrera ha participado en iniciativas relacionadas con la ética judicial y la transformación institucional. Entre ellas figura su vinculación con la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial y los trabajos de modernización del Poder Judicial, incluido el proceso de implementación de la Ley 339-22 sobre el uso de medios digitales.
Ylona María de la Rocha Camilo, trayectoria fuera de la judicatura

A diferencia de otros integrantes seleccionados, Ylona María de la Rocha Camilo ha desarrollado su carrera principalmente en el ejercicio privado del derecho, la docencia y el arbitraje.
Nació en Santiago en 1971 y se graduó magna cum laude de la carrera de Derecho en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), en 1993.
Su formación académica incluye una maestría en Derecho Empresarial y Legislación Económica, otra en Derecho Comparado e Internacional de los Negocios y un doctorado en Derecho, finalizado en 2022 mediante un programa vinculado a la PUCMM y la Universidad Externado de Colombia.
Desde 1993 ejerce la abogacía en la firma De la Rocha y Asociados. Además, imparte docencia en la Escuela de Derecho de la PUCMM, en Santiago, desde 2003.
Su experiencia también abarca el arbitraje comercial, ámbito en el que figura como árbitra de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago desde 2006.
Diomede Ydelfo Villalona Guerrero, experiencia en distintas jurisdicciones

El recorrido de Diomede Ydelfo Villalona Guerrero por el sistema judicial incluye responsabilidades en tribunales civiles, laborales y contencioso-administrativos.
Se graduó de Derecho en 1991 y comenzó a desempeñar funciones vinculadas al sistema de justicia como registrador de títulos en Baní, posición que ocupó entre 1996 y 1998.
Posteriormente fue juez de paz de Villa Fundación, juez de instrucción en Peravia y juez de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia de esa provincia. Su incorporación formal a la carrera judicial está registrada desde abril de 2007.
En 2012 pasó al Tribunal Superior Administrativo, donde trabajó en diferentes salas y llegó a ocupar la presidencia de la Segunda Sala entre 2014 y 2019.
Su experiencia le ha permitido conocer tanto los litigios entre particulares como los procesos en los que se cuestionan actuaciones de la Administración pública.
Amauri Antonio Pimentel Fabián, vinculado a la jurisdicción penal

Amauri Antonio Pimentel Fabián ha desarrollado su carrera en el ámbito penal y se desempeña como presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega.
Nacido en Cotuí en 1956, obtuvo el título de doctor en Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en febrero de 1985.
Entre su preparación especializada se encuentra una formación en Derecho Judicial impartida por la Escuela Nacional de la Judicatura entre 2002 y 2004. También ha realizado capacitaciones sobre elaboración de sentencias, sistema penal acusatorio, investigación de delitos y administración de justicia.
Su expediente registra, además, una formación especializada en redacción de sentencias en Puerto Rico, en enero de 2024, y estudios de alta gerencia durante 2025.
Arelis Socorro Ricourt Gómez, más de tres décadas en el Poder Judicial

La trayectoria de Arelis Socorro Ricourt Gómez está marcada por su permanencia en la jurisdicción civil y comercial. Ingresó al Poder Judicial el 13 de noviembre de 1991 y desde 1998 ocupa la presidencia de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de La Vega.
También se desempeña como coordinadora departamental y ha asumido responsabilidades en organismos vinculados con la formación y gestión de los jueces.
Entre 1999 y 2002 representó a los presidentes de cortes ante el Consejo Directivo de la Escuela Nacional de la Judicatura.
Su preparación académica incluye estudios en instituciones nacionales e internacionales, entre ellas la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y la Universidad de Saboya, en Francia.
Asimismo, ha participado en iniciativas de mediación, acceso a la justicia y modernización tecnológica. En 2025 recibió un reconocimiento del Poder Judicial por su trayectoria, cuando acumulaba más de 33 años de servicio.
Antonia Josefina Grullón Blandino, especializada en niñez y familia

Antonia Josefina Grullón Blandino cuenta con experiencia en la jurisdicción especializada de niños, niñas y adolescentes. Actualmente se desempeña como jueza de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional.
Nació en Santo Domingo en 1960 y se graduó de Derecho en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) en 1983. Posteriormente realizó una especialidad en Derecho Judicial en la Escuela Nacional de la Judicatura.
Antes de incorporarse a la carrera judicial, en 1999, trabajó en el sector privado y en el Consejo Nacional para la Niñez (CONANI), donde ocupó funciones jurídicas y directivas.
Durante su ejercicio como jueza ha participado en espacios de cooperación internacional relacionados con la protección de menores. Desde 2008 figura como jueza de enlace de la Red Internacional de Jueces de La Haya.
También ha desarrollado labores docentes en la Escuela Nacional de la Judicatura y su candidatura recibió el respaldo de FINJUS y de las confederaciones sindicales CNTD, CNUS y CASC.
Julio César Emilio Canó Alfau, carrera en los tribunales penales

Julio César Emilio Canó Alfau es otro de los magistrados cuya trayectoria se ha desarrollado principalmente en la jurisdicción penal. Actualmente preside la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Nació en Santo Domingo en 1961 y obtuvo el título de doctor en Derecho por la Universidad Central del Este en 1984. Posteriormente amplió su preparación con estudios especializados en Derecho Judicial.
Su ingreso al Poder Judicial ocurrió el 12 de enero de 1985. Desde entonces ha ocupado distintas posiciones, entre ellas juez de paz, juez de instrucción y juez de primera instancia en materia penal.
En 2001 pasó a formar parte de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, tribunal cuya presidencia ejerce desde mayo de 2012.
Además de sus funciones jurisdiccionales, ha participado en el Comité de Ética del Poder Judicial y en actividades de formación dirigidas a jueces.
Su expediente incluye evaluaciones de desempeño de 100 puntos entre 2020 y 2025, período durante el cual se produjeron modificaciones en la escala de evaluación.
También intervino en el conocimiento de recursos de apelación relacionados con el caso Antipulpo, en 2021, y en 2023 recibió un reconocimiento de Participación Ciudadana por su integridad y lucha contra la corrupción.
Su postulación contó con el respaldo de FINJUS, ADOCCO y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
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