Brasilia.– La anulación de las condenas contra Luiz Inácio Lula da Silva agitó ayer la política en un Brasil en plena pandemia y generó un conflicto en la Corte Suprema en torno a la “limpieza” de la operación Lava Jato, ahora puesta en duda.

La nueva situación legal del expresidente Lula, liberado de condenas a prisión que sumaban 26 años, también desató un terremoto político, porque aunque seguirá respondiendo ante la justicia, ha recuperado sus derechos y puede aspirar a la Presidencia en 2022, cuando el actual gobernante, Jair Bolsonaro, intentará renovar su mandato.

Todavía Lula da Silva deberá declarar el próximo 27 de mayo ante un juez de Brasilia en uno de los casos abiertos en su contra por sospechas de corrupción, informaron ayer fuentes oficiales. El anuncio de la nueva fecha llega un día después de que Lula fuera descargado de varias penas judiciales pendientes.