Aparte de la inflación y las alzas de los combustibles, la población está con el grito al cielo por los aumentos en las tarifas de la electricidad, cuyo más reciente impacto fue el 9 % aplicado hace pocos días como resultado del consensuado desmonte trimestral de los subsidios en el marco del Pacto Eléctrico.
El razonamiento para el necesario desmonte incluye que precios reales o sinceros ayudan a tomar decisiones más racionales, como ajustar el consumo de luz y combustibles a las posibilidades, sin que el gobierno subsidie los hidrocarburos ni la distribución de electricidad.
La impolítica obviedad es que el ahorro y racionalizar el gasto lucen ser la única manera de enfrentar a nivel hogareño, o en los negocios, las alzas internacionales de los precios de la energía. Mantener subsidios indiscriminados estimula el consumo, no el ahorro, y obliga al gobierno a desviar fondos necesarios para inversiones, en vez de focalizar cualquier ayuda social para los sectores carenciados.
Precios subsidiados indiscriminados favorecen a los ricos y la clase media, mientras focalizarlos para los pobres cumple con la necesidad de protección social a los de menores ingresos.
Los mercados internacionales lucían muy diferentes cuando los actores del negocio eléctrico acordaron transparentar las tarifas para sanear las tres empresas distribuidoras estatales, quebradas por mala gestión y corrupción, cuyos precios al público no aumentaban desde junio de 2011.
En Europa, Estados Unidos y Japón, sus gobiernos procuran drásticas reducciones al consumo de energía por su población, no sólo por los aumentos de precio sino por la perspectiva de interrupción del suministro de gas y petróleo desde Rusia, que en el caso alemán equivale al 40 % de su consumo.
Pocas semanas después de conocida la pandemia del COVID19, el referente estadounidense del precio del petróleo, “West Texas Intermediate” o WTI, se redujo a un precio negativo insospechado, o sea menor a US$0 y hasta menos US$40 el barril, lo que significaba en el mercado spot que por retirar petróleo se le concede al “comprador” un crédito en vez de un débito.
Ello se debió a que la ralentización de la economía mundial y menor consumo de energía hizo aumentar las existencias hasta causar una imposibilidad de almacenar más crudo y las petroleras estaban pagando para lograr espacio en vez de interrumpir su producción.
Ese desplome afectó las perspectivas del negocio de los hidrocarburos y los inversionistas pospusieron sus planes de inversión. Bloomberg llegó a definir a la industria del petróleo como “un dinosaurio herido”, “un apocalipsis para el sector de la energía”.
Ese era el panorama internacional cuando se firmó el Pacto Eléctrico en febrero de 2021 tras años de negociaciones entre los sectores público y privado para un consenso sobre eliminar los subsidios para sanear las distribuidoras estatales.
Para evitar aumentos traumáticos, el desmonte iniciado en noviembre pasado será gradual hasta el año 2026.
Pero la recuperación, tras poco más de dos años de pandemia, y el nuevo dislocamiento económico mundial por la invasión rusa de Ucrania, han ocasionado una cuadruplicación de los precios, que en las últimas semanas han superado los US$120 por barril. Similares incrementos han afectado al carbón y al gas natural.
Para los dominicanos, la inflación mundial de proporciones graves y las perspectivas de escasez de combustibles han significado que el gobierno, que desea eliminar los subsidios para transparentar los precios, se vea obligado a asumir parte de los aumentos internacionales.
Pese a los impopulares aumentos, el Estado sigue subsidiando con casi RD$1,000 millones semanales los precios al público de los combustibles.
El viceministro de Comercio, Ramón Pérez Fermín, dijo el viernes que el gobierno “continúa frenando las alzas de combustibles con un subsidio de RD$900 millones para evitar más alzas de hasta RD$70.00 por galón de gasoil y RD$16.65 del GLP”. Pese a una disminución de casi 8 % del WTI la semana pasada, su promedio supera aún los cien dólares el barril, “precios históricos tocando límites no vistos en años”.
Distinto a los subsidios que significan erogaciones del gobierno, la situación internacional hace contraproducente otra intención oficial, la creación para el sector turístico en áreas concesionadas, de nuevos impuestos eléctricos (que es lo que significa eliminar exenciones que no son subsidios, pues el gobierno no eroga ni un chele). Las distribuidoras necesitan el desmonte para sanearse, contrario al sector turístico, que opera exitosamente y sería afectado gravemente.
Solicitar sacrificios a los ricos y la clase media, ruta casi obligada por el subsidio generalizado, puede tornarse insostenible y difícil sin transparencia al transformar al sector eléctrico. Las burocracias enmarañadas generan conflictos de jerarquía, chismes y enredos por intereses raros.
Dos ejemplos. Primero, protagonistas del sector oficial –notoriamente conflictivos— intentan por trasmanos atribuir a la Superintendencia de Electricidad los ajustes de tarifa eléctrica acordados en el Pacto Eléctrico; y, segundo, el escándalo por la impugnación de la más reciente licitación de compra de carbón para la Central Eléctrica Punta Catalina, uno de cuyos oferentes alega graves irregularidades y compras a precios mayores a los del mercado.
Mientras van resolviéndose estas situaciones que afectan el bolsillo de los consumidores dominicanos, la incómoda realidad es que toca apretarse el cinturón como previsión ante tiempos que pudieran ser aún más difíciles por la situación internacional, y que los subsidios de precios de la luz deben ser sólo para los más pobres.
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