Toda burocracia enmarañada siempre genera conflictos de jerarquía, chismes y enredos por intereses raros. Así pasa con actores del sector oficial –notoriamente conflictivos— que por trasmanos quieren atribuir a la Superintendencia de Electricidad ajustes de tarifa eléctrica acordados en el Pacto Eléctrico.

La SIE dispuso el consensuado aumento de 9 % para el trimestre abril-junio para los clientes residenciales de distribuidoras estatales, como parte del desmonte de los subsidios. Para evitar aumentos traumáticos, los firmantes del Pacto acordaron que el desmonte, iniciado en noviembre pasado, será gradual hasta el año 2026.

El desbarajuste de los mercados internacionales de combustibles, por la pandemia y la guerra de Ucrania, hace más doloroso el necesario ajuste.

También aconseja no aplicarlo mediante la creación para el sector hotelero y turístico, en áreas concesionadas, de nuevos impuestos (que es en efecto lo que significa eliminar exenciones que no son subsidios, pues el gobierno no eroga ni un chele). Las distribuidoras necesitan el desmonte para sanearse, contrario al sector turístico que opera exitosamente y sería afectado gravemente.