La construcción de la planta que se pretende poner en prueba en diciembre está avanzada en un 95 %. Elieser Tapia
SANTO DOMINGO.-El Gobierno no ha implementado la mayoría de las recomendaciones que le hizo la comisión que investigó el proceso de licitación y adjudicación para la construcción de la central termoeléctrica de carbón de Punta Catalina.
En su informe de junio del año pasado los comisionados señalaron que el precio contratado para la construcción de las plantas (US$1,945 millones) incluía la totalidad de las inversiones requeridas para la puesta en funcionamiento de la central, sin costo adicional, por tratarse de un proyecto ‘llave en mano’, “y por lo tanto, no se deben aceptar ajustes de precio hacia arriba de lo establecido a precios constantes acordados en su presupuesto”.
Sin embargo, el pasado lunes el Gobierno anunció que aportará US$336 millones más para terminar la construcción, los cuales serán asumidos por el perdedor del arbitraje sometido por la empresa Odebrecht.
Los miembros de la comisión investigadora rindieron el informe final el 30 de junio de 2017.
La comisión sugirió que el Gobierno debía determinar las verdaderas razones del retraso en la construcción de Punta Catalina, y estimar el costo de las pérdidas para solicitarle la compensación al consorcio que ejecuta la obra, conformado por Odebrecht Tecnimont-Estrella.
“Todo lo anterior debe ser analizado tomando en consideración el costo anual que implica para la sociedad dominicana la posposición de la fecha de entrada de esa planta, estimado en 25 millones de dólares por mes de retraso”, estimó la comisión.
Fallo en Ley Compras
Otra sugerencia fue la modificación a la Ley de Compras y Contrataciones, por considerar que aunque las bases legales y técnicas del proceso de licitación no prohibían que se quede un solo concursante clasificado o poder declarar desierto el proceso, el hecho habilitó la posición negociadora del Estado.
“Esto lleva a recomendar la modificación de la Ley de Compras y Contrataciones, pues la misma carece de elementos que pudiesen incrementar la capacidad del Estado de obtener mejores negociaciones en los procesos de compras”, indicó.
Indicó que el Comité de Licitación debió tener un mayor control de este proceso.
Consideró que pudo haberse logrado un mejor equilibrio técnico entre el comité y la empresa Stanley Consultants si se hubiese incluido en el mismo un representante de la Superintendencia de Electricidad y de la Comisión Nacional de Energía.
“En este proceso la participación de Stanley Consultants pareció dominante. Es recomendable para el futuro que la mayoría de los miembros de un comité de licitación no trabajen en la empresa licitante, pues así se lograría una mayor capacidad de supervisión y cuestionamiento a las acciones de la dirección”, puntualizó.
Los comisionados también recomendaron al Estado negociar el terreno donde se construyen las plantas, el cual es propiedad de la familia Viccini.
Sugirió que sería conveniente la contratación de una firma internacional especializada en auditoría de inversiones en plantas termoeléctricas, diferente a la que ejerce el papel de ingenieros de cliente, que es la CDEEE, en la construcción de las plantas de Punta Catalina, para que certifique que lo instalado en esa central es exactamente lo mismo que se estableció en las especificaciones técnicas que forman parte integral del contrato.
En manos del Estado
También se recomendó en el informe que Punta Catalina debía quedarse inicialmente bajo control del Estado, y a la vez reservarse la administración a personas o entidades que no tengan conflictos de intereses en el negocio eléctrico dominicano.
Además, la comisión recomendó que se recuperen, a la brevedad posible, los 6.5 millones de dólares pagados al BNDES por concepto de comisión de compromiso por el financiamiento aprobado y no desembolsado.
La comisión investigadora estuvo integrada por monseñor Agripino Núñez Collado, pastor Jorge Alberto Reynoso Cabrera, Pedro Brache Álvarez,José Luis Corripio Estrada, Gabriel del Río Doñé, Servio Tulio Castaños Guzmán, Persio Maldonado Sánchez, Celso Marranzini, y Jaime Aristy Escuder.
25 Millones de dólares.
Mensuales costaría posponer la fecha de entrada en funcionamiento de Catalina.
Seguimiento
—1— Continuación
La comisión recomendó seguir la obra, tomando en cuenta la cuantiosa inversión hecha.
—2— Capacidad
Cada planta (dos) tendrá capacidad para generar 300 megavatios.
—3— Prueba
El Gobierno hace los aprestos para iniciar la fase de prueba en diciembre próximo.
“Fondo de contingencia no es necesario”
Contrato. El especialista en energía Antonio Almonte precisó que el Gobierno no tenía que crear un fonso de contingencia de 336 millones de dólares, debido a que el contrato inicial para la construcción de la planta establece una garantía de cumplimiento, que puede ser ejecutada, porque Odebrecht debió terminar la obra hace dos años y no lo ha hecho.
“Lo que debe hacer el Gobierno es ejecutar y no pagar ni un centavo más”, afirmó Almonte, quien dijo que ese comportamiento es en contra de los intereses del pueblo.
